La morgue más saturada del mundo

Si el gobierno de Jalisco no fue capaz de reconocer durante meses el trato inhumano que se les da a las personas fallecidas sin identificar, ¿qué les hace pensar que les vamos a creer que van a investigar? 

Desde que estaba todavía a cargo de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo negaba que hubiera una crisis forense o una crisis de cadáveres en el estado, pese a que toda la evidencia indica que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) está completamente rebasado. 

No fue sino a raíz de la publicación de una fotografía que se filtró del interior del Servicio Médico Forense (Semefo) con cuerpos en el piso la semana pasada que el ahora coordinador, Ricardo Sánchez Beruben, salió a decir que se va a investigar y se va a sancionar. 

Pero el punto no es ése. ¿De qué le sirve a la sociedad una sanción que llegará con quién sabe cuántos meses o años de dilación debido a los procesos burocráticos, y que probablemente consistirá en una amonestación o una llamada de atención en el expediente de algún servidor público? 

Lo que se necesita son acciones. Las personas familiares de los desaparecidos se cuentan por decenas de miles en Jalisco y cada una ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos que deberían ser garantizados por las instituciones. 

Lo que se necesita es cambiar por completo la manera de trabajar del Semefo para que las personas fallecidas tengan un trato humano y digno, que se les apliquen todos los protocolos necesarios para su eventual identificación, que se garantice que no quedarán refrigerados sus cuerpos o las partes de sus cuerpos hasta que se conviertan en algo irreconocible por la descomposición. Que el proceso sigue aunque estén en refrigeración porque el frío al que son sometidos no alcanza para detener por completo la acción de los microorganismos. Y aquellos que han completado el proceso para ser inhumados también deben tener completo todo el proceso para que no haya duda de a quién corresponden. 

No estamos para que los funcionarios se escuden en las trabas legales. Si los peritos forenses están atados de manos en cuanto a las solicitudes y determinaciones del ministerio público para realizar su labor, entonces ahí hay una parte del proceso que necesita agilizarse. Si falta personal para que desahoguen todo el trabajo acumulado ante un problema estructural que previsiblemente no va a desaparecer de un día a otro ni de una administración a otra, entonces que hagan contrataciones de todos los especialistas que se requieran. 

También se vale pedir ayuda y echar mano de la que ya se ha ofrecido. Hay instancias internacionales dispuestas a trabajar con los forenses y la procuración de justicia de Jalisco para atender un aspecto tan crucial de las desapariciones de personas como lo es la identificación para el acceso a la verdad y a la justicia. 

El primer paso es reconocerlo, como ya lo decía el Cepad la semana pasada en sus recomendaciones. Que reconozcan que hay una crisis forense. El anterior gobierno de Jalisco fue lo suficientemente sensato para admitir que no podía con el paquete e iniciar un proceso emergente de revisión de toda la situación forense. Pero el proceso no culminó porque se perpetuaron las prácticas burocráticas, se saturaron los espacios que se habían habilitado en aquel momento y se optó, en vez de cámaras frigoríficas móviles, por cámaras fijas dentro del IJCF. Es decir, no solo el gobierno actual abrazó en silencio la derrota del gobierno anterior, al que tanto criticó, sino que la abrazó y la hizo suya para ocultar todo lo que se está pudriendo en la morgue quizás más saturada del mundo. 

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