México: sociedad asediada por la violencia y el crimen

Nuestro país se ha convertido en un territorio donde el crimen campa a sus anchas. Esta semana diversos eventos en Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas muestran con claridad que los gobiernos municipales y estatales no pueden controlar ni contener a los grupos criminales que han pasado de sostener luchas internas y ajustes de cuentas entre criminales a violentar a los ciudadanos comunes, en plena calle, e infundir miedo a la sociedad en su conjunto. 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que de enero a mayo de 2021 la incidencia de homicidios dolosos “disminuyó un 2.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior”. Aunque la “tendencia a la baja” dé cierta esperanza, la cruda realidad registra que en mayo hubo 102 personas asesinadas más que en abril y 37 más que en mayo de 2020. 

No deja de parecernos cruel y sorprendente que en mayo se hayan registrado un homicidio cada cuatro horas, prácticamente 95 al día. Y aunque las cifras que presentan las autoridades sean positivas, nuestra percepción de inseguridad no mejora y menos con las imágenes que vemos cotidianamente. (http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/). 

Aunque el problema persiste en todo el territorio nacional, “seis entidades federativas han acumulado más de la mitad de los homicidios: Guanajuato, con mil 545 asesinatos, destaca como el estado más violento. Le siguen de cerca Baja California, con mil 341; Jalisco, con mil 95; Estado de México y Michoacán, con mil 84, y Chihuahua, con mil 27” (El País 21/06/2021). 

Tamaulipas encabeza la nota roja. Reynosa ha sido el centro de reiteradas incidencias, pero ahora los criminales asesinan a ciudadanos a plena luz del día para calentar la plaza y las autoridades son incapaces de detener la oleada criminal. El Congreso local está más empeñado en sostener al gobernador Cabeza de Vaca, pese a su fuerte crisis de legitimidad, que en hacer algo por la sociedad a la que representa. Cuerpos sin vida en las calles de Salvatierra y cualquier municipio de Guanajuato, en Michoacán o en Jalisco son las estampas que día a día nos sorprenden y aterrorizan. 

El gobierno federal se ve exigido por una problemática que se agudiza y requiere de atención adecuada e inmediata, para lo que no siempre cuenta con el personal y equipo. El desafío para el gobierno de la República es mantener el control y el “uso de la fuerza legítima del Estado” por encima de cualquier grupo que amenace la seguridad de los ciudadanos. Las escenas que hemos visto nos hablan, por un lado, de la incapacidad de los gobiernos para coordinarse y defender a los ciudadanos comunes en plena calle; por otro, del poder que han acumulado las células criminales y han llevado a mantener bajo su control tanto a las autoridades como a los ciudadanos en territorios bien delimitados, pero con el riesgo latente de hacer extensivo su dominio. 

Frente a la realidad de inseguridad y violencia que hoy padecemos, hace falta una política pública nacional para contener y contrarrestar el poder que los grupos delictivos concentran en ciertas entidades, pero sobre todo un conjunto de propuestas de política consistentes que apunten en la misma dirección y realmente se orienten a atacar las raíces del problema. 

El gobierno actual no puede seguir repitiendo las recetas de sus antecesores que han probado su contundente fracaso. Urge una política de seguridad para el país, pero ésta debe estar acompañada con políticas de desarrollo regional, de educación y empleo bien remunerado, de atención a la salud y de disminución de las desigualdades. Mientras los mexicanos no tengamos mejores condiciones para vivir seguros, en circunstancias personales y regionales, para mejorar la calidad de nuestras vidas, los gobiernos locales y federal, no habrán cumplido cabalmente el encargo que les hemos hecho. 

*Profesor investigador del ITESO 

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