Todavía sé lo que hicieron el verano pasado

¿Recuerda cuando el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, le encargó a uno de sus subordinados, Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, que investigara si había incurrido en conflicto de interés al recibir de parte de un contratista de su gobierno la famosa Casa Blanca? ¿De casualidad usted anticipó acertadamente el resultado de la investigación, es decir, la exoneración de Peña? En esa circunstancia era muy fácil adivinar el resultado, dado que Andrade se encontraba, a su vez, en un conflicto de interés: si su conclusión era contraria a lo que a su jefe le gustaría, sería destituido, así que probablemente preguntó qué resultado debería arrojar su investigación, y se aseguró de ofrecerlo. 

Como se puede ver, un conflicto de interés no se resuelve si un funcionario no participa directamente en la toma de decisiones en un asunto en el que esté directamente involucrado, simplemente transfiriendo la responsabilidad a un subordinado, porque en ese caso simplemente hay una simulación, y el resultado muy probablemente beneficie al funcionario de mayor jerarquía. 

Justamente, la carencia de mecanismos que prevengan de manera efectiva los conflictos de interés y aseguren su gestión de manera íntegra debilita a nuestras instituciones, y les restan credibilidad y legitimidad. No en balde en la más reciente Encuesta de Cultura Cívica publicada por el Inegi se da cuenta de que 44 por ciento de la población considera que los funcionarios no respetan las leyes. 

Y como si hiciera falta una confirmación, justamente en estos días, el actual contralor del Congreso de Jalisco, Antonio Ríos, obtuvo el cargo de manera ilegal, dado que no cubrió un requisito fundamental de la convocatoria emitida por el propio Congreso, que era tener tres años de experiencia en un puesto similar. 

Así que, como era de esperarse, entre sus primeras acciones estuvo la de exonerar a las y los diputados que, de manera ilegal, el verano pasado designaron como integrantes del Consejo de la Judicatura de Jalisco a tres personas que, como él mismo, en su propio caso, no cumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria, argumentando que hicieron uso de su facultad soberana de designar a quien consideren pertinente, lo cual es una falacia, porque esa facultad no es absoluta, sino que está sujeta a controles democráticos, por lo que debe prevalecer la idoneidad de quien obtiene el nombramiento. 

Me explico: si la facultad de designar a ciertos funcionarios fuera absoluta, el Congreso podría poner a cargo del Instituto de Transparencia a una persona que hubiera dedicado todo su trayecto profesional a asegurarse de que la ciudadanía no tuviera acceso a la información pública que tiene derecho a conocer. Como se ve, eso es absurdo, pero muy probablemente así ocurriría si no fuera porque la ley respectiva puso a cargo de la evaluación de quienes aspiran a ese cargo a un consejo ciudadano. 

Pero, siguiendo con el caso del contralor del Congreso, resulta preocupante que al cambiar de titular, ya no es posible encontrar las denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control, cuando hasta hace unos días se podía acceder en el portal en Internet del Congreso a la información de cada una, ver de qué se trataba, y en qué estado se encontraba la investigación respectiva. Ahora no; desapareció toda esa información, que es de relevancia pública. 

Así que, al parecer la actual Legislatura de Jalisco tiene la intención de que no lleve a cabo de manera íntegra su labor quien debe supervisar el buen uso de los bienes, recursos y facultades del Congreso de Jalisco. 

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