En entredicho, la fiscalía anticorrupción

El fiscal anticorrupción es un abogado brillante que en sexenios pasados aportó mucho al derecho penal en Jalisco desde la academia y en su labor profesional. Hoy está en entredicho la autonomía de la institución que dirige. 

En el primer año de vida de la fiscalía anticorrupción, en 2018, no hubo grandes avances en judicializaciones. Apenas estaba empezando a girar el engranaje institucional de la pequeña nueva instancia. Sin embargo, conforme han pasado los años, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), liderada desde su inicio por Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, parece haberse ido alineando al oficialismo en las batallas que elige librar. 

Se trata de una fiscalía en teoría autónoma que no termina de emanciparse de la injerencia del poder en turno. 

Un caso emblemático que tiene repercusiones para todo el sistema de procuración de justicia es el de los tráileres de la muerte, por el que han sido ya vinculados a proceso el ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) Octavio Cotero Bernal y el ex coordinador del Servicio Médico Forense Eduardo Mota Fonseca. 

El mismo Cotero Bernal había revelado en 2018 la situación insostenible en el IJCF en reiteradas ocasiones, antes de que explotara el escándalo por los cadáveres de cientos de personas refrigerados en tráileres que se estacionaban en distintos puntos de la metrópoli. 

La situación no ha cambiado. Las cámaras de refrigeración del Servicio Médico Forense (Semefo), que supuestamente habían sido adquiridas para almacenar a personas fallecidas por sospecha de Covid, en vez de andar moviéndose por la ciudad, ahora están instaladas de fijo junto al edificio. Pero la saturación sigue creciendo con las desapariciones de personas a destajo y su posterior localización en fosas clandestinas, si es que aparecen alguna vez. 

Pero nunca fueron siquiera acusados los funcionarios que serían verdaderos responsables de ordenar la gira de los tráileres de la muerte, que serían más bien las altas jerarquías de la entonces Fiscalía General del Estado. En cambio, se eligió a funcionarios administrativos del IJCF que no tenían poder de decisión sobre el destino final de los cuerpos y que habían señalado el problema. 

Otro caso emblemático es el de los levantones masivos de personas realizados el 5 de junio de 2020 por parte de personal de la Fiscalía del Estado durante la represión de una protesta. La FECC acusó a mandos de la Policía Investigadora que, según múltiples testimonios, no fueron quienes dieron las órdenes de privar de la libertad a las personas que participaban en una manifestación y otras que no tenían nada que ver. 

Los casos se resolvieron mediante acuerdos reparatorios en que los acusados pidieron perdón a las víctimas y ofrecieron una compensación económica por delitos menores como abuso de autoridad. Nadie fue procesado por desaparición forzada de personas y el mismo De la Cruz Tovar consideró que no había elementos legales para configurar ese tipo penal, a pesar de que todo indicaba que las personas fueron privadas de la libertad con la intención de ocultar su paradero, aunque fuera de manera momentánea. Eso es lo que constituye el delito de desaparición forzada, independientemente del tiempo que hayan estado privadas de la libertad las víctimas. 

Hay otros casos, como el de la ministerio público Nancy Gómez, que mandan un mensaje confuso acerca de la autonomía de la FECC, pues en conjunto parecen más jugadas políticas que acciones penales contra la corrupción. Hay aspectos valiosos de la labor de la FECC, pero hasta ahora no pesan tanto como estos y otros casos emblemáticos. 

Twitter: @levario_j

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