¿Habrá o no reforma migratoria?

En días pasados, los demócratas lograron meter un extenso proyecto de ley de gasto social que incluye una reforma migratoria que no se planteaba así desde los años 80, cuando Ronald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) y que ofreció legalización y un camino a la ciudadanía a dos tercios de los cerca de 5 millones de indocumentados del país en ese momento.

La gran batalla será que pase en el Senado.

De ser aprobada, la ley permitiría que las personas indocumentadas en Estados Unidos desde antes de 2011 obtengan permisos de trabajo hasta por 10 años; ayudaría a la regularización de unos 6.5 millones de inmigrantes, de acuerdo con un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los inmigrantes beneficiados con esta medida estarían protegidos contra una deportación y tendrían un empleo en blanco; sólo tendrían que renovar sus permisos de trabajo cada tanto. Sería un poco más parecido a lo que sucede con los jóvenes que son beneficiarios del Programa de Acción Diferida (DACA), en el sentido de que no sería una residencia permanente.

Porque la propuesta no contempla otorgar una residencia o una ciudadanía; sería un camino hacia ella accediendo a un perdón migratorio, una dispensa que está prevista en las leyes estadounidenses; un permiso de permanencia temporal, conocido como parole, por cinco años que puede ser extendido solo una vez, considerando la fecha desde que se apruebe y hasta septiembre de 2031.

A diferencia del DACA, quienes accedan a este alivio migratorio podrán viajar fuera Estados Unidos y podrán tener una licencia de conducir, algo que aumentaría las visitas sobre todo a México, de donde es la mayoría de los migrantes sin estancia legal.

Cuando pasen los 10 años de los permisos temporales, las personas podrán ahora sí ser elegibles para tener una residencia permanente y comenzar el camino a la ciudadanía.

Los criterios de elegibilidad son haber llegado antes de 2011 y haber vivido en el país de forma ininterrumpida, demostrar que no se tienen antecedentes penales y llenar un formulario. Habrá un costo que todavía no se ha especificado, porque sí, claro, todo trámite genera ingresos para las arcas estadounidenses.

En enero de este año, el presidente Joe Biden prometió que le entraría con todo para aprobar que al menos 11 millones de inmigrantes indocumentados obtuvieran un permiso de trabajo y salieran de las sombras, pero el planteamiento ha tenido rechazo incluso en ambos partidos.

El Senado deberá ahora votar el proyecto de ley bajo las reglas de reconciliación.

La inclusión de esta provisión migratoria dependerá de lo que decida la parlamentaria Elizabeth MacDonough, “cuya decisión marca la diferencia sobre si se necesitarán 60 votos para debatir el proyecto o solo 51”, de acuerdo con Al Día, el diario en español de The Dallas Morning News, “si es la segunda opción, las posibilidades de que este proyecto se convierta en ley aumentan”.

De acuerdo con la organización Immigrants Rising, el término “inmigrante indocumentado” se refiere a cualquier persona que resida en el país sin documentación legal. Incluye a las personas que ingresaron a los Estados Unidos por cualquier punto de entrada, sin la inspección y el permiso correspondiente del gobierno, y aquellas que ingresaron con una visa legal que ya no es válida.

¿Habrá o no una reforma migratoria? Esta es la gran pregunta nuevamente, como en cada gobierno federal. Esperemos que sí.

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