En crisis, el mecanismo protector de periodistas

A casi 10 años de publicarse en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, son notables sus carencias, fallas y limitaciones. El modelo de protección está en crisis. El gremio padece feroz hostigamiento en distintos frentes, mientras se busca manipular su situación como estrategia política de actores en pleitos por el poder.

Los periodistas son víctimas de violencia homicida, como evidencian cinco asesinatos en lo que va del año. Ante la falta de garantías a su trabajo y la impunidad de los crímenes, sucedió algo histórico: se han organizado dos protestas nacionales, y empezó un proceso de organización.

Ahora, desde la Secretaría de Gobernación (Segob), encargada de operar el mecanismo, se busca generar una iniciativa de Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un sistema nacional de protección. Sin embargo, en muchos casos, incluir a gobiernos estatales y municipales significará colocar el cumplimiento de la protección en manos de agresores de periodistas. Por ejemplo, Jalisco.

El propio Consejo Ciudadano del mecanismo, mediante Sara Méndez Morales, preguntó en el diálogo regional organizado la semana pasada en Oaxaca, ¿para qué una nueva ley si la actual no ha sido cumplida a cabalidad?; ¿cómo garantizar el enfoque diferencial y la perspectiva de género?, ¿cómo se hace responsable a una entidad que está coludida o es partícipe de las agresiones?, ¿cómo transitar de un mecanismo reactivo a uno preventivo, pues se actúa tarde?; ¿cómo se garantiza lo que no ha sucedido: suficiente presupuesto federal y que lo hagan los estados? También denunció que se han organizado reuniones paralelas a nivel federal y estatales, sin informar al consejo ni a la junta de gobierno, por lo que exigió un proceso transparente; y reiteró que falta personal de seguridad que brinde protección.

De diciembre de 2018, en que empezó la actual administración federal, al 26 de enero, la Segob contabilizaba 52 periodistas asesinados, de los que siete estaban incorporados al mecanismo de protección. Días después de ese corte, asesinaron a dos más.

En el diálogo regional en Oaxaca, uno de los siete previstos por la Segob, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, mencionó que se tienen identificados como enemigos de los defensores de derechos humanos y periodistas a la delincuencia organizada, la impunidad, la falta de colaboración de autoridades locales y el involucramiento de éstas con grupos delictivos.

Se han entregado a periodistas botones de pánico, asignado escoltas, trasladado a refugios o reforzado la seguridad de sus casas, lo que ha funcionado en ciertos casos. Pero en muchos otros no. Hay quejas y críticas de diversas fallas.

Agreguemos a las empresas informativas que no capacitan a su personal en medidas de protección, los abandonan si reciben amenazas, carecen de protocolos mínimos de seguridad o no dan insumos elementales. Añadamos a reporteros que se confían cuando en ciertas coberturas los riesgos acechan.

Si bien es importante adecuar o crear otra ley, establecer un derecho no garantiza que se cumpla. El Estado mexicano es débil, carece de voluntad política y está infiltrado. Los periodistas necesitamos, además de seguir exigiendo justicia y protección, organizarnos, visibilizar más las agresiones y fortalecer nuestras propias redes de protección. Como medidas mínimas. Estamos casi solos, de ahí hay que partir.

Twitter: @SergioRenedDios

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