El debate sobre el papel de la Fuerzas Armadas

En estos días se ha generado una controversia respecto al papel que han representado las Fuerzas Armadas (FFAA) en nuestro país, justo en el centro de una escalada de violencia que lejos está por tener un desenlace satisfactorio. El problema central de este tema se relaciona con el hecho de si el Estado está facultado para hacer uso de la fuerza, en su condición de fuerza legítima del Estado. De esta forma, el Estado tiene la obligación de preservar a las personas, las instituciones y estructuras que le dan cabida y certidumbre, precisamente, al Estado. La Constitución en el artículo 89 fracción VI, establece que se debe, “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (…)”. 

El gran debate relacionado con el hecho de que las FFAA rehúyan de forma contundente la acción para la que se estableció su participación, es decir, el mantenimiento de la seguridad interior que, por cierto, por esas razones se han diseñado estrategias para intervenir en zonas de alta conflictividad en las que se requiere, el restablecimiento del orden constitucional que debería imperar en todo el territorio nacional. 

La posición del Ejecutivo en relación con el hecho de que lo que se busca es salvaguardar los derechos de los agresores, es decir, del crimen organizado, haría replantear el papel del Estado; no de las FFAA, sino del Estado. Determinar estados de excepción para proteger a las FFAA y al crimen organizado, en el que la abstención queda de parte del Estado, entonces la seguridad y el bienestar ciudadano no quedan dentro de esa tesis, como el centro de funcionamiento del Estado. 

En días pasados un estudiante, en Guanajuato, fue abatido por fuerzas castrenses sin que haya habido consecuencia legal alguna para las estructuras militares. Se trata entonces de un desdibujamiento de la estructura organizacional de las instituciones. 

Por otra parte, entre las funciones encomendadas por el Ejecutivo federal a las fuerzas militares están las de la construcción de un aeropuerto civil, el control de sus operaciones de vuelo, la intervención sobre las aduanas y puertos marítimos, la construcción de un tren de operación civil, la contención de la migración centroamericana hacia los Estados Unidos, la atención de 2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, así como la administración e intervención en el plan de vacunación de Covid, durante los momentos más complejos de esparcimiento de la pandemia en nuestro país. De igual forma en la administración de la entrega de recursos para los programas sociales, como los casos de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Bajo esta perspectiva no se toma en cuenta la historia de la generación de una estructura social y económica competente, desarrollada por la sociedad a lo largo de la cimentación del Estado mexicano desde la Revolución hasta los días actuales. De esta forma, la sustitución de sociedad civil solamente se explica por un fenómeno que se prometió atenuar, como lo es la corrupción que, en los hechos, su presencia se mantiene en el escenario mexicano. El establecimiento de políticas públicas con un sentido funcional y de impacto en el escenario del desarrollo del país, requeriría el establecimiento de programas, de estrategias, de estructuras y de una planeación que desemboque en políticas públicas claras, no de la sustitución de la sociedad por el Ejército. 

La controversia no tiene que ver con los derechos de la delincuencia que opera al margen del Estado y es generadora de una violencia que afecta en altos niveles la seguridad y paz en el país. La controversia debe analizar qué papel es el que le corresponde al Estado, como observador o como responsable de la seguridad nacional. 

armando.zacarias@csh.udg.mx

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