Lavado verde público

El lavado verde (greenwashing) “es una táctica de marketing diseñada para hacer que los productos parezcan más sostenibles de lo que son”. Este concepto fue acuñado por expertos en medio ambiente ante la aparición de productos que ofrecen usar materiales reciclables o ser reciclables, aunque también aquellos que aseguran seguir procesos de cuidado al medio ambiente, pero que en realidad mienten o dicen verdades parciales para ganar compradores.

El concepto también podría utilizarse para algunas políticas y programas públicos, que aseguran tener como objetivo reducir el impacto que se tiene sobre la contaminación y en términos generales sobre el calentamiento global, pero que en la realidad distan de cumplir con el objetivo.

Esta reflexión viene a cuento por lo que ha sucedido en torno al Programa de Verificación Responsable y el manejo que en general ha tenido el gobierno del estado con algunos de los problemas que más afectan al medio ambiente, como el destino final de la basura y la contaminación del agua. Además, la salida de Sergio Graf de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) solo puede aumentar el pesimismo sobre esta agenda.

El Programa de Verificación Responsable fue lanzado por el actual gobierno después de confirmarse las fallas y la corrupción del programa anterior, que permitía simplemente comprar el holograma sin cumplir con la verificación del vehículo. Sin embargo, su implementación ha sufrido diferentes atorones que le han impedido funcionar plenamente.

Ya de todos es conocido que la empresa que debía instalar los centros de verificación no cumplió con los plazos, por lo que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez determinó suspender las sanciones para quienes no cumplieron con el trámite en la fecha que les correspondía.

Aunque el programa ya es obligatorio, se anunció que formalmente se revisaría el cumplimiento a partir de 2023 y, por ende, habría sanciones. Sin embargo, el gobierno del estado volvió a aclarar que no habría sanciones hasta que estén todos los centros instalados.

Lo cierto es que parece complicado que ya en un año que comienza el proceso electoral se endurezcan las sanciones contra los ciudadanos.

A lo anterior podemos sumar las dudas sobre la utilidad de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE), un organismo que aparentemente había sido creado para impulsar la verificación vehicular y que, según la auditoría de desempeño que realizó la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) no ha cumplido ni si quiera con la responsabilidad de involucrarse en acciones para mejorar la calidad del aire.

Así, según los indicadores del propio gobierno del estado, este año podría bajar nuevamente el número de días con una calidad del aire óptima. Según datos del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (Mide), hasta el último día de julio en el Área Metropolitana de Guadalajara se habían tenido únicamente 59 días “dentro de la norma conforme el promedio del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire”, lo que representa apenas 27.8 por ciento del total, por debajo del 31.2 por ciento y 34.2 por ciento alcanzados en 2021 y 2020, respectivamente.

El actual gobierno tiene 40 indicadores relacionados con el desarrollo sostenible, pero 23 no tienen metas evaluables, en siete está en proceso de cumplir y en otras siete dice haber cumplido 100 por ciento, aunque en estas últimas está la modernización de todo el transporte público y que todos los municipios tengan un relleno sanitario para su basura, así que también podemos dudar de éstos.

Con estos datos, los programas y las políticas relacionadas con el medio ambiente parecen tener mucho de lavado verde.

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