El Judicial que nos dan nuestros políticos

Para el presidente del Poder Judicial en el estado, Daniel Espinosa Licón, explicar la crisis que se vive en la impartición de justicia en el estado es sencillo: falta dinero. A eso podemos sumarle la pandemia.

Y es que según el censo de poderes judiciales de los estados que dio a conocer la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Jalisco tiene el Poder Judicial más ineficiente si se toman en cuenta los asuntos ingresados contra los resueltos.

Según el mismo censo, Jalisco es el sexto estado que más dinero destina al Poder Judicial. Aquí, Espinosa Licón tiene otro cuestionamiento, pues considera que no solo debe tomarse en cuenta el monto total, sino también el número de habitantes y los asuntos ingresados.

Sus consideraciones pueden tomarse en cuenta, pero la medición es con los mismos datos para todas las entidades, que también fueron medidas en asuntos ingresados contra resueltos y además enfrentaron por igual la pandemia.

A la ineficiencia en el funcionamiento del Poder Judicial es inevitable sumar los datos que recientemente se dieron a conocer sobre el Índice Global de Impunidad México 2022, Jalisco cayó hasta el sexto lugar nacional en este índice que mide la falta de acceso a la justicia, cuando en 2018 se encontraba en el sitio 24.

Con estos datos es más fácil entender el momento de inseguridad y violencia extrema que vive el estado.

Más allá de los argumentos de Espinosa Licón, que pueden tener cierto peso en la evaluación que hizo el Inegi, no podemos perder de vista el manoseo que en los últimos años ha vivido el Poder Judicial de diferentes actores políticos.

El principio de ese manoseo es, sin duda, el reparto de los espacios bajo el principio de “cuotas y cuates”. En el afán de colocar a sus amigos como magistrados, los diputados locales de todos los partidos políticos que han tenido representación en los últimos años, han descuidado por completo los perfiles de quienes son nombrados para administrar justicia.

Ese mismo principio se emplea para la designación de consejeros de la Judicatura, que luego reproducen el esquema en el nombramiento de jueces, en la asignación de materias de las que conocerán y de la circunscripción a la que son enviados.

A esas prácticas para la designación de quienes se hacen cargo de la administración de justicia y que empezó a acentuarse a partir del gobierno del panista Emilio González Márquez hay que sumar lo que actualmente sucede en el Poder Judicial, con la intromisión más fuerte que se ha vivido desde el Poder Ejecutivo.

En El Diario NTR Guadalajara publicamos en marzo pasado un recuento del control que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez tiene sobre el Poder Judicial, que no se limita, como con sus antecesores, a los nombramientos, sino también a la actividad jurisdiccional.

Abogados litigantes y trabajadores del Poder Judicial confirmaron a este medio que se hacen cambios entre los jueces, se les presiona y se les ordena el sentido de sus resoluciones cuando el asunto tiene algún interés político, personal o económico del mandatario y el círculo que lo rodea.

Todo esto sucede ante la complacencia del presidente del Poder Judicial que, al igual que hicieron sus antecesores, está más preocupado por llevar una buena relación con el gobernador que por las condiciones de sus trabajadores o por mejorar la impartición de justicia.

Así que las graves deficiencias del Poder Judicial en Jalisco no son atribuibles a la falta de dinero ni son una casualidad. Tenemos el Poder Judicial que los políticos nos dan, ese que ocupa el último lugar nacional en eficiencia y que es uno de los eslabones en la cadena de impunidad que nos mantiene atados.

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