¿Para qué sirve la fiscalización?

¿Qué sentido tiene la vigilancia del uso correcto de los recursos públicos? Es la duda que surge cuando se lee un informe de cualquier auditoría superior, ya sea la federal o las de las entidades federativas. Los señalamientos por las irregularidades están ahí y los montos se cuentan en millones. Pero más allá de una nota en el momento en que se da a conocer, los efectos tienen muy poco significado.

Como sucede casi ante cualquier falta que se comete en el país, la reparación del daño en materia de fiscalización de los recursos públicos prácticamente no existe.

En el segundo informe semestral de 2022, publicado en noviembre del año pasado por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, hay un recuento de los créditos fiscales que se fijaron entre 2009 y 2017 a entes públicos municipales y estatales, como consecuencia de las auditorías que se les practicaron durante ese periodo.

Los créditos fiscales eran una especie de sentencia definitiva en la fiscalización, hasta antes de la reforma que entró en vigor en 2018. Es decir, los funcionarios públicos responsables del manejo de los recursos públicos habían agotado ya todas las posibilidades, administrativas y políticas de aclarar ante el Congreso las irregularidades encontradas por la ASEJ.

Lo que tendría que suceder es la recuperación de ese dinero, acción que corresponde a las autoridades en turno de cada dependencia o gobierno. Pero el paso del tiempo y los recursos legales interpuestos por algunos de los responsables de esos desvíos hacen que eso no ocurra. Además, está la complicidad entre actores políticos. Un presidente municipal puede tener un crédito fiscal pendiente y volver a ocupar el mismo cargo años después.

Según el informe de la ASEJ, en Jalisco hay pendientes de recuperar mil 808 millones de pesos de créditos fiscales determinados en ese periodo de 2009 y 2017; es decir, entre la reforma impulsada durante el gobierno de Emilio González Márquez y la que se aprobó al cierre de la gestión del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

El primer lugar en anomalías que no pudieron aclararse lo tiene el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), con 525.3 millones de pesos, datos publicados ayer en NTR Guadalajara. Las irregularidades fueron detectadas durante la anterior administración, cuando al frente del organismo estaba Fidel Armando Ramírez.

El monto que se adeuda al Ipejal por las anomalías detectadas por la ASEJ es apenas unos millones inferior a la inversión que durante ese periodo se hizo en la empresa española Abengoa (604 millones de pesos), por la que se abrieron dos carpetas de investigación, una por 259 millones de pesos, en la cual se vinculó a proceso a nueve ex servidores públicos, así como una segunda, por 344 millones, con seis responsables vinculados a proceso.

En el caso de los créditos fiscales, no se ha conocido ninguna acción de las autoridades para intentar su recuperación.

Otro caso que destaca es el del municipio de Bolaños, que acumula créditos fiscales de siete ejercicios diferentes, que suman 401 millones de pesos. ¿Se imagina lo que la recuperación de ese dinero podría significar para este municipio ubicado en el norte del estado y cuyo presupuesto anual ronda los 80 millones de pesos?

La falta de acciones para recuperar los recursos que se fijaron como créditos fiscales es inexplicable, pues ni siquiera la rivalidad política ha jugado un papel importante. La prueba más clara es Tlajomulco de Zúñiga, que tiene un crédito fiscal de 2009 por más de 169.4 millones de pesos, cuando el presidente municipal era el panista Antonio Tatengo Ureña, quien en algún momento fue el principal enemigo político del ahora gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

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