Servicios públicos de salud mental incluyentes

Es muy justo preguntarnos: ¿las personas de los pueblos originarios o las personas con discapacidad auditiva o visual, o de talla baja, se deprimen, desarrollan trastornos de ansiedad o adicciones? Y la respuesta sería: ¡Claro que sí!

Entonces otra pregunta sería: ¿las instalaciones, el mobiliario y las y los psicólogos y psiquiatras de los servicios públicos de salud mental están preparados para atenderles adecuadamente de acuerdo a su condición y con calidad? Y la respuesta sería: ¡Claro que no!

Además, habría que considerar que existen personas de sectores poblacionales distintos a la mayoría de usuarios de dichos servicios que son vulnerables, como los adultos mayores, personas en situación de calle, con discapacidad motora, con identidades LGBT+ o, incluso, con enfermedades crónico-degenerativas o terminales que por su condición les es imposible salir de su domicilio para ser atendidos en las instalaciones de dichos servicios y que, por tanto, deberían ser atendidos en su vivienda.

Cada uno de estos grupos, por sus características para ser atendidos, requieren que las y los psicólogos y psiquiatras conozcan su cultura y su lengua –en México, por ejemplo, existen 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia–. También deben saber que existen casi 300 mil personas con discapacidad auditiva, por lo que deben conocer su cultura y Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Además, deben saber que si existen más de 14 mil personas de talla baja, se requiere que las instalaciones sede de los servicios públicos de salud mental cuenten con adaptaciones arquitectónicas y mobiliario acorde a su cuerpo.

La reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones que se aprobó en 2022 establece la obligatoriedad para que se les atienda adecuadamente en el IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Secretaría de Salud federal, DIF, secretarías de Salud estatales, servicios de Salud municipales e incluso en los centros de integración juvenil, pero no se ha avanzado ni se cuenta con un programa para ir avanzando en ofrecerles servicios de salud mental incluyentes.

Es sumamente urgente, para no seguir discriminándoles en esos servicios públicos, pero también en los particulares, que las universidades formen a psicólogos y psiquiatras con una orientación incluyente y que los gobiernos federal, estatales y municipales inviertan recursos económicos para adecuar sus instalaciones y mobiliario, contraten más personal y actualicen a los profesionales que ya laboran ahí.

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JB