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Con deudas millonarias e instalaciones inservibles recibió el Ayuntamiento de Puerto Vallarta de parte del gobierno del estado el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (Seapal). A lo anterior se suma que las autoridades estatales no han entregado al Municipio los títulos de concesión y bienes inmuebles.
El 13 de marzo de 2020, el servicio de agua se entregó formalmente al ayuntamiento; sin embargo, el gobierno del estado no incluyó 13 permisos de concesión para extraer aguas superficiales y subterráneas, así como de descarga y explotación de pozos.
Respecto a la infraestructura entregada, el Municipio reclama que las plantas de tratamiento de aguas residuales se entregaron funcionando a sólo 50 por ciento de su capacidad y que dos colectores no recibieron mantenimiento y ya no funcionaron.
El Municipio destaca la falta de documentos e identificación de inmuebles que eran propiedad del organismo y que no aparecen en la entrega-recepción. Se trata de 48 inmuebles en diferentes zonas de Puerto Vallarta que no fueron entregados formalmente.
Otra anomalía señalada es que no se encontraron convenios para establecer las condiciones y tiempos de la transmisión del organismo desde el gobierno del estado hacia el ayuntamiento, por lo que las autoridades municipales consideran que se dio “una simulación jurídica”.
Además, se encontraron irregularidades en las finanzas. Por ejemplo, no coinciden los recursos entregados respecto a los que aparecían en las cuentas; hay una diferencia de más de 35 millones de pesos (mdp). Además, algunas cuentas bancarias siguieron con movimientos por parte de funcionarios estatales aún después de la entrega del organismo al Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
El Municipio recibió además cuentas de pagos pendientes al organismo por más de 45 mdp que ya no podrán cobrarse porque los plazos vencieron, así como 80.9 mdp de cuentas por cobrar.
También se detectó un adeudo de 191.9 mdp del organismo saliente, sumado a que el gobierno del estado no se hizo cargo de la liquidación de los funcionarios de primer nivel que quedaron fuera con el cambio de administración.
Ante las deudas y daños que el Municipio considera producto del deficiente manejo del organismo, el ayuntamiento demandó al gobierno del estado el pago de 2 mil 391 millones 510 mil 925.86 pesos, según un escrito que recibió el Congreso del Estado y firmado por el síndico municipal, Juan Carlos Hernández Salazar.
Todas las anomalías fueron informadas a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y a la Contraloría del Estado, pero el Municipio se queja de que no ha recibido respuesta. En septiembre de 2020 también presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que quedó bajó la carpeta de investigación 535/2020, pero la dependencia tampoco ha actuado.
Como consecuencia de las irregularidades el Municipio ha tenido que pagar alrededor de 600 mdp para cubrir deudas y poner a funcionar los servicios.
El Seapal fue creado en diciembre de 1977 y fue hasta julio de 2016 que el pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó la municipalización del servicio; sin embargo, el 1 de octubre de 2018 el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz presentó una iniciativa de decreto ante el Congreso para que se autorizara al gobierno estatal conservar la prestación del servicio.
El caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual dictó una sentencia definitiva el 14 de agosto de 2019, dentro de la controversia constitucional 98/2016, en la que ordenó que el gobierno de Jalisco debía “disponer lo necesario y transferir al Municipio de Puerto Vallarta el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales” en un plazo máximo de 180 días. También determinó que debía elaborarse un programa para la transferencia del servicio.
En respuesta, el Congreso emitió un decreto que abroga la ley del Seapal y la transferencia del servicio al ayuntamiento, el cual se publicó en enero de 2020 en el periódico oficial El Estado de Jalisco.
DATO:
jl/I