38 migrantes quemados

Treinta y ocho personas, según los datos actualizados por las autoridades, murieron quemadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo, en un recinto federal que funcionaba, en los hechos, como cárcel para personas migrantes pobres e indocumentadas, según lo han documentado y denunciado desde hace años organizaciones sociales especializadas en ese tema.

No está claro cómo se inició el incendio, pero, según se puede ver en un video que circula en las redes sociales, quienes estaban a cargo del centro de detención simplemente se retiraron sin hacer el intento siquiera de sacarlos de su celda para ponerles a salvo.

Esta situación resulta indignante por muchos motivos. Primero, dado que la migración indocumentada no es un delito, sino una falta administrativa, no tendrían por qué estar encerrados esos hombres. Segundo, dado que una autoridad pública les encerró, y por lo tanto los dejó en una situación de vulnerabilidad, la propia autoridad era responsable de garantizar su bienestar y seguridad mientras estuvieran en ese encierro, independientemente de si era pertinente o no, lo cual no ocurrió.

Esta situación, es, además, el resultado del triaje social derivado de la manera en que está organizada la burocracia (pública y privada) en nuestro mundo moderno, según explicaban los sociólogos Sjoberg y Vaughan.

Es decir, en nuestra época, lo más eficiente es dejar a su suerte a las personas en situación de necesidad, como pueden ser las que se ven obligadas a migrar en las perores circunstancias con el fin de poder salir adelante, porque de esa manera quedan más recursos disponibles para el beneficio de las personas más privilegiadas de nuestra sociedad. Eso explica por qué esos centros de detención no ofrecen las condiciones mínimas de seguridad ni los satisfactores más básicos, como agua y alimentos, según se ha denunciado.

Incluso, la existencia misma de esos centros, es producto de la obligación de dar una respuesta costo-eficiente a las demandas sociales. De ese modo, en vez de procurar la justicia y abatir la impunidad, y generar condiciones que favorezcan la creación de empleos que cuenten con seguridad social, nuestras autoridades han preferido culpar a las personas migrantes pobres de los problemas de inseguridad y desempleo, dado que es relativamente fácil y barato identificarlas, y como no tienen dinero para defenderse, procesarlas y deportarlas resulta, también, barato, porque ni siquiera se tienen que esforzar por demostrar que son culpables.

Y cuando ocurre alguna tragedia, como en el caso que nos ocupa, la sanción recaerá muy seguramente en las personas que se encontraban en la parte más baja de la jerarquía, como también explican Sjoberg y Vaughan, dado que nuestras burocracias están diseñadas para delegar la culpa en los subordinados. Y eso se debe a que, muy probablemente, esas personas eran las que tenían más reglas que cumplir, para evitar ser sancionadas por tomar decisiones propias, como, por ejemplo, abrir las puertas para que se pudieran salvar esas 38 personas del incendio. Y mientras tanto, quienes tomaron la decisión de implementar esa política quedarán impunes.

Y estas situaciones se seguirán repitiendo, a menos de que realmente incorporemos la perspectiva de derechos humanos en la toma de decisiones dentro de nuestras organizaciones públicas. Pero, si la teoría de Sjoberg y Vaughan funciona, es muy probable que en estos días veamos actos de represión en contra de los migrantes indocumentados que protesten contra esto, así como descalificaciones y persecución de las organizaciones sociales que exigen cambios a esa situación.

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