Jalisco y sus récords de desapariciones

El académico Víctor Manuel González Romero, quien desde hace varios meses ha hecho un trabajo muy importante en el manejo de los datos de desapariciones en Jalisco, publicó ayer un nuevo recuento: del 10 al 16 de abril Jalisco rompió el récord de desapariciones. En total, la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco publicó 55 fichas.

El dato puede pasar como tantos otros relacionados con la crisis de desapariciones en Jalisco porque también, desafortunadamente, parece que nos acostumbramos a vivir en esta realidad.

Desde hace ya muchos meses, en el mapa de desapariciones en México, publicado por la Comisión Nacional de Búsqueda, Jalisco aparece en el rojo más intenso, por ser la entidad que ocupa el primer lugar en la desaparición de personas. Así se mantenía ayer, al último corte, con 15 mil 10 personas. El vergonzoso liderazgo se ha mantenido a pesar de la reducción de casos en el papel registrada en marzo de 2022, cuando de 16 mil 222 personas desaparecidas, el gobierno del estado redujo las cifras a 14 mil 915.

Los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda se basan en las cifras que dan a conocer las entidades federativas. Por ello, también resulta inexplicable que estos datos no coincidan con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), que es el recuento local, donde al 31 de marzo pasado la cifra de desapariciones era de 13 mil 976; es decir, una diferencia que ha rondado los mil casos.

Las desapariciones son, sin lugar a dudas, el problema más grave que tiene Jalisco y, lejos de ser atendido, crece. Y esto sucede sobre todo por la gran simulación por parte de las autoridades en la investigación y búsqueda, que solo arroja impunidad.

En la edición impresa de El Diario NTR Guadalajara de ayer, el periodista Lauro Rodríguez publicó un ejemplo de ese desdén de las autoridades hacia la crisis de desapariciones: Jalisco no ha cumplido con la creación de un comité que dé seguimiento, para que puedan atenderse las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas.

Una de las consecuencias en el incumplimiento de las recomendaciones, tiene que ver precisamente con el manejo de los datos, tanto de desapariciones como de información forense, para la incorporación al banco nacional.

Disponer de los datos correctos, no solo para su publicación, sino para su análisis y que éstos se reflejen en las estrategias de prevención, investigación y acceso a la justicia es indispensable. Para ello es necesario que la autoridad deje de ver el tema con esa visión corta electorera, que les hace suponer que admitir la crisis sería una mancha en sus campañas.

La desaparición de personas es una tragedia que trastoca la vida de miles de familias en Jalisco y mientras el número de personas sin localizar aumenta, las autoridades creen que el problema se atiende con un buen manejo de cifras y que al colocarlas de manera que les convenga, la sociedad volteará hacia otro lado.

Lo anterior queda en evidencia cuando retiran las cédulas de búsqueda, cuando impiden las manifestaciones de los colectivos, cuando los dejan solos en las brigadas de búsqueda y cuando simplemente los ignoran.

Además, si desde los niveles más altos del gobierno se trata de esconder la crisis, el mensaje hacia las áreas encargadas de investigar los casos se refleja en la falta de actuación de los funcionarios, cuya actitud no cambia a pesar de que las familias insisten una y otra vez que los únicos avances en las carpetas de investigación son los datos que ellos aportan.

Si todo esto no se modifica, Jalisco seguirá rompiendo sus propios récords de desapariciones, destrozando a miles de familias.

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