¿Es prescindible la rendición de cuentas?

La elaboración de estructuras institucionales que han tenido como función, en primer lugar, establecer reglas para todos, sustentadas en la construcción de escenarios que generen certeza a la ciudadanía por su comprensión, así como consenso para su establecimiento y, de igual forma, instituciones encargadas de la gestión de esas reglas, han ofrecido a lo largo de los últimos 30 años, elementos muy importantes de certidumbre ciudadana.

Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) han contribuido de forma considerable en un acompañamiento sensible en la transformación de unas prácticas autoritarias de un partido hegemónico en el poder durante 70 años, a una sociedad con diferentes características de representación y de participación ciudadana en las decisiones de la gestión pública.

Los constantes intentos, de todas las administraciones posteriores a la primera alternancia (2000) y subsiguientes, si bien han mostrado renuencia a avanzar en la perspectiva institucional de estas instancias que constituyen, desde su fundación, contrapesos frente al poder que desarrollan y, eventualmente, acumulan las administraciones, han tenido que convivir con un esquema ciudadano de representación en la administración. Esto significa, que, frente a la marea partidista, existen espacios que se han desarrollado a partir de la dimensión de participación ciudadana, en la que, en ámbitos no partidistas, se logre intervenir en coyunturas particulares de decisiones de la administración pública. Esa perspectiva ha logrado colocar la opinión ciudadana frente a los embates de acuerdos cupulares de la partidocracia en nuestro país.

Una importante base en la construcción de esos elementos de institucionalidad ha sido el desarrollo de procesos administrativos y de política, sustentados en la transparencia. Es decir, la rendición de cuentas y el acceso público a espacios que explican la construcción y los recursos destinados al establecimiento de las políticas públicas, así como también de los procesos electorales, han constituido un elemento de básica certidumbre al comprender la lógica de establecimiento de la política y de los esquemas de administración pública.

En esta administración se han generado muchos desencuentros contrarios a la necesidad de sostener y proyectar los espacios de rendición de cuentas. El Inai se encuentra en este momento bajo un acecho considerable con la poca resistencia de los partidos de oposición en una circunstancia en la que, dada la dimensión meramente coyuntural y el apoyo de una narrativa que no coloca la construcción histórica del principio constante de rendición de cuentas, generan un entorpecimiento del desarrollo de las funciones de la transparencia, considerando ese esquema institucional como un sistema prescindible.

En la página del Instituto Nacional para el Federalismo del actual gobierno se dice: “En México la transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que las decisiones que se tomen por parte del gobierno forzosamente deben estar al alcance de los ciudadanos de una manera accesible, clara y veraz, lo que coadyuva y favorece a la constante vigilancia de los recursos públicos y que estos se ejerzan en estricto apego a la ley”.

Se perfilan momentos de gran repercusión en el desarrollo de la administración pública sin obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, respecto de las cuales el sistema político no termina de establecer decisiones claras con una repercusión importante en el futuro de la gestión pública sin el claro derecho de acceso a la información y manejo ciudadano de datos. ¿Habrá conciencia del trascendente dilema?

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GR/I