Vidas rotas

Rupturas de proyectos de vida, sueños quebrantados, desintegración de las familias y huellas que permanecen en el cuerpo y la mente incluso por generaciones. La tortura va más allá de un concepto jurídico o un delito que se encuentra tipificado en los códigos penales. Esta grave violación a los derechos humanos afecta tanto a quienes sobreviven a ella como a sus familias, comunidades y a la sociedad en conjunto.

El 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, mismo día que entró en vigor la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este instrumento internacional de derechos humanos, tal como la Declaración Universal, prohíbe de manera absoluta las prácticas de tortura. Sin embargo, a más de 35 años de su aplicación, la lucha contra la tortura sigue siendo vigente.

También el 26 de junio, pero de 2017, se publicó en México la Ley General en Materia de Tortura, la cual fue el resultado del esfuerzo conjunto de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y organismos internacionales. A seis años, este gran logro que pudiera generar cambios y abonar a que la integridad de las personas sea plenamente garantizada se ha quedado en el papel.

Las principales obligaciones legales de las autoridades en la materia no se han materializado. Una muestra de ello es la falta de creación de fiscalías especializadas en investigación del delito de tortura en las entidades federativas. De acuerdo a los datos del Observatorio Sin Tortura, sólo 16 estados de la República han cumplido con la creación de fiscalías especializadas, mientras que en 12 entidades existen unidades especializadas y cuatro estados no cuentan con ninguna institución especializada en investigación de este delito.

Cabe señalar que la ley establece que estas instituciones deben contar con plena autonomía, y con recursos humanos, materiales y financieros suficientes. No obstante, las mismas no solamente no cuentan con el personal y recursos necesarios, sino que 25 de ellas dependen del presupuesto asignado a las fiscalías generales, tal como sucede en el caso de Jalisco, y no cuentan con capacidad para investigar de manera exhaustiva e independiente.

Tan sólo en 2022, a nivel nacional se iniciaron 5 mil 500 investigaciones; sin embargo, en ese mismo periodo se emitieron 10 sentencias. En Jalisco el panorama es muy similar. De acuerdo a los datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, desde que entró en vigor la ley general hasta mayo de 2023 se han iniciado 443 investigaciones por tortura, de las cuales solamente seis han sido judicializadas y no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria.

Al igual que en Jalisco, en 23 estados más reina una impunidad absoluta. Al no fortalecer las instituciones, no otorgarles el grado necesario de autonomía y no implementar las directrices establecidas en el Protocolo de Estambul se han generado condiciones óptimas para que las autoridades torturen, no avancen las investigaciones de quienes cometen estos actos y que cada vez haya más incentivos para continuar con esta práctica.

A pesar de la prohibición inequívoca de tortura a nivel mundial, los datos evidencian que en México es una práctica generalizada. Los esfuerzos institucionales se han enfocado en negar públicamente su comisión o, por otro lado, en vez de prevenirla se han fomentado las narrativas sociales que justifican su uso como herramienta de investigación, y que las personas delincuentes merecen ser torturadas.

La tortura marca un antes y después para quienes la sobreviven, y si bien se les ha impedido el acceso a la justicia, su lucha ha sido crucial para el combate de la tortura en el país. En el marco de estas fechas encaminadas a reconocer la tortura hay que nombrar su comisión e involucrarnos en la exigencia de una efectiva implementación de la ley general para que las necesidades de las víctimas sean atendidas. Es peligroso seguir normalizando estas prácticas y, aunque parezca que estas sean cotidianas, no es normal y mucho menos justificable que desde el poder, y sin consecuencia alguna, se transgreda la integridad y rompa las vidas de otras personas.

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