¿Más zonas de sacrificio?

La basura no desaparece como por arte de magia cuando pasa el camión recolector.

La pésima gestión de la basura en el Área Metropolitana de Guadalajara, sin separación, con incentivos perversos para la generación de más desechos y con un mínimo de reciclaje, ha convertido a las comunidades cercanas a los basureros en zonas de sacrificio ambiental.

Pero lejos de buscar alternativas para el manejo y reducción de residuos, las autoridades municipales están dispuestas a sacrificar el medio ambiente y la salud de más poblaciones con tal de mantener el lucro de unas cuantas empresas y la comodidad de la gente que prefiere voltear para otro lado y no enterarse del destino de su basura.

El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, declaró públicamente que las autoridades ya preparan la construcción de dos nuevos basureros metropolitanos:

“Les vamos a presentar un sistema integral que tenga un nuevo esquema de recolección, nuevo esquema de puntos de transferencia en la ciudad y dos nuevos vertederos”, anunció a finales de septiembre a medios de comunicación (https://shorturl.at/gAQ39/).

Todavía desconocemos cuáles serían los municipios y las comunidades que serán afectadas por la creación de nuevos vertederos, mientras está pendiente algún plan que no solo implique cambios en la recolección, sino incentivos para reducir los desechos y cobros para las empresas que se enriquecen con la generación.

Si se mantiene el esquema actual, los dos nuevos basureros, que eufemísticamente son llamados “rellenos sanitarios” o “centros de economía circular”, serán espacios donde se entierra la basura revuelta en una celda confinada, en el mejor de los casos.

En el más común de los casos, los desechos son arrojados a cielo abierto, con consecuencias de contaminación del aire por incendios, y de la tierra y agua por el derrame de los jugos de la basura, conocidos como lixiviados.

Así ocurrió con los basureros de Matatlán y Los Laureles, en Tonalá, que recibieron la basura de nuestra ciudad y que, de acuerdo con expertos, como el doctor Gerardo Bernache, generarán contaminación por alrededor de 50 años más, en sitios cercanos al de por sí contaminado río Santiago, con fraccionamientos y pueblos colindantes cuyos miles de habitantes pagarán con su salud.

Así ocurre también con los basureros activos de Picachos y Hasar’s, en Zapopan, y de la estación de transferencia de Cajilota, que en los hechos es el vertedero irregular de Tlajomulco de Zúñiga.

Mientras las autoridades decidieron que dos nuevos sitios serán sacrificados ambientalmente, no hay información de medidas para aplicar la norma de separación de residuos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios, que pese a ser tan básica tiene más de 10 años como letra muerta.

Tampoco hay noticias de la recuperación de la planta de separación y alta compactación de residuos del basurero de Picachos, a donde actualmente se llevan los desechos de Guadalajara. Esta infraestructura fue construida en 2016 con una inversión de más de 32 millones de pesos y jamás se puso en marcha.

Es más, ni siquiera se ha publicado el “estudio sobre opciones para un Sistema Integral de Residuos”, que en noviembre del año pasado fue aprobado en sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana.

En teoría, unos meses después, el Imeplan (Instituto Metropolitano de Planeación) debía entregar este diagnóstico que serviría de punto de partida para buscar soluciones.

A casi un año, todavía no se cuenta con el estudio, pero ya se decidió que la ciudad solo modificará el esquema de recolección y que necesita dos nuevos vertederos, que sin cambios de fondo se convertirán en nuevas zonas de sacrificio ambiental y de la salud de las poblaciones cercanas.

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