Basura y elecciones

Este 1 de noviembre arranca oficialmente el proceso electoral local 2023-2024 y con ello la salida de los alcaldes metropolitanos que buscan un nuevo puesto sin dejar una solución para la basura en la ciudad.

Es un gran riesgo que las decisiones sobre los residuos queden en manos de gobiernos interinos, mientras la atención pública estará centrada en las elecciones.

Hay que recordar 2021, cuando el entonces alcalde interino tapatío (y hoy suspirante al cargo), Eduardo Fabián Martínez Lomelí, encabezó una sesión de pleno que avaló, durante la medianoche de un viernes, la renovación de la concesión de la basura con Caabsa Eagle por 15 años más.

El punto de acuerdo ni siquiera se discutió durante la sesión, ni en comisiones edilicias, a pesar de que comprometía a cinco futuras administraciones y duplicaba el pago para Caabsa.

La decisión se publicó en la gaceta municipal el 30 de agosto de 2021, pero nunca se avanzó en la firma de los nuevos contratos, justo porque el hoy alcalde con licencia, Pablo Lemus Navarro, se negó a asumir el gobierno tapatío atado de manos frente a Caabsa.

Y también porque la población de Tala rechazó, con una fuerte movilización social, convertirse en el basurero de Guadalajara, tal como había aprobado el gobierno interino tapatío.

No es la primera vez que decisiones que comprometen a la ciudad por años en materia de residuos se toman tras bambalinas por gobernantes interinos.

La concesión original otorgada a Caabsa en 1994, y que condenó a la ciudad a un pésimo manejo ambiental desde entonces, fue entregada por el alcalde interino Alberto Mora López, en los últimos meses de gobiernos priistas, antes de la primera alcaldía panista.

Ese contrato garantizó ganancias millonarias para Caabsa. En solo 15 años, entre 2004 y 2019, la empresa recibió más de 4 mil 500 millones de pesos por manejar la basura de Guadalajara y Tlajomulco.

Así lo documenta la tesis “La acumulación por despojo del basurero Los Laureles y la experiencia de Un Salto de Vida en la lucha por la defensa de su territorio”, de Ana Cabral Pacheco, maestra en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara.

Para ponernos en perspectiva, la tesis explica que con el dinero entregado a Caabsa se hubieran podido construir más de cuatro líneas de BRT, tipo Macrobús. De ese tamaño es el negocio de Caabsa.

La solución que mediáticamente se ha ofrecido por parte de los alcaldes, que hoy ya piensan en el siguiente puesto, es dejar fuera a Caabsa con la creación de un “Siapa de la basura”, un organismo intermunicipal que opere sin concesiones privadas.

Sin embargo, una sorpresa podría ocurrir durante los gobiernos interinos, un nuevo as bajo la manga de los dueños de Caabsa, los hermanos Amodio Herrera: la compra de la empresa por parte de los municipios metropolitanos.

Durante un panel organizado por el Colectivo Ecologista Jalisco el pasado 4 de octubre (ver: fb.watch/nPBHLsa0x2/), uno de los participantes soltó el rumor: los municipios negocian la adquisición de Caabsa.

La idea sería recuperar los camiones recolectores que, al concesionar el servicio, los propios municipios cedieron a la empresa.

Pero eso implicaría que las autoridades municipales asuman las responsabilidades ambientales en las que, por décadas, Caabsa ha incurrido impunemente: quemas de basura, incumplimiento de normas, contaminación del río Santiago y mantos acuíferos con lixiviados, o los retrasos en la rehabilitación de los basureros operados irregularmente en Matatlán y Los Laureles.

Será muy importante vigilar las decisiones que el nuevo alcalde interino tapatío, Juan Francisco Ramírez Salcido, tome sobre la basura mientras la atención está puesta en las elecciones.

Destacado

La concesión original otorgada a Caabsa en 1994, y que condenó a la ciudad a un pésimo manejo ambiental desde entonces, fue entregada por el alcalde interino Alberto Mora López, en los últimos meses de gobiernos priistas, antes de la primera alcaldía panista.

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GR