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Justificación
No permitirá construcción
Se imagina comprar un departamento con vista al bosque La Primavera y comprometerse a pagarlo en cuatro años sin cumplir, pero que el vendedor no le cobre y usted abone en ese periodo menos de 8 por ciento del valor. Pues no es un sueño guajiro. Esa suerte han tenido los desarrolladores de la Villa Panamericana, que se comprometieron a pagar mil 500 millones de pesos a los institutos de Pensiones del Estado (Ipejal) y Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) desde agosto de 2020, peeeeeeeero a la fecha solo han entregado 119 millones.
La Villa Panamericana fue habilitada como vivienda con el pretexto de que esos dos organismos recuperaran los recursos que invirtieron en 2011, según había declarado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Peeeeeeero las facilidades que le han dado a la empresa Green Life Capital, modificando al menos dos veces el convenio, no han sido suficientes para que los susodichos recursos ya estén en las instituciones públicas. Y no es por presionarlos, pero el plazo vence en junio de este año.
Si en Jalisco un político que busca el voto o que se encuentra en funciones en algún cargo no está seguro, imagínense a la gente de a pie, que no trae guaruras ni camionetas blindadas. En el estado son ya 95 atrocidades relacionadas con violencia política, de acuerdo con la agrupación Data Cívica, que menciona que 44 de ellas se trata de asesinatos.
Desde policías hasta un ex gobernador, nadie está seguro en Jalisco y, cerca de un proceso electoral, este tipo de violencia suele acrecentarse, advierte. Agredir a los candidatos, del partido que sea, adquiere otra dimensión que rebasa y no son meras “notas rojas”, sino que se convierten en un asunto político que afecta a la democracia y a los ciudadanos. Enorme responsabilidad tiene el aparato de seguridad, pues, de garantizar protección a los aspirantes.
Ya entrados en el tema, en Jalisco han detectado 95 hechos de violencia política entre 2018 y febrero de este año, como revela Data Cívica. Y con base en esta información, los municipios de Zapopan (donde asesinaron este mes a un precandidato a la alcaldía de Mascota), Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá son focos rojos metropolitanos, donde más se concentran casos de violencia política.
Y fuera de la urbe destacan Santa María del Oro, Puerto Vallarta, Poncitlán, Lagos de Moreno y Concepción de Buenos Aires. Todos han sido noticia por los actos de violencia cometidos en estos municipios. Por temporadas las localidades se calientan, sobre todo cuando las disputas por el mercado delictivo llegan a las muertes entre las bandas. Y eso genera miedo a las poblaciones, emoción que no es nada saludable aparezca el 2 de junio: podría subir el abstencionismo.
La que ha presentado un examen tras otro, pero no escolares, es Laura Haro, candidata a la gubernatura por PRI, PAN y PRD. Ante notario público informa que se hizo exámenes médicos, toxicológicos, psicométricos y hasta la prueba del polígrafo. ¿Faltarán más? Incluso, ya dijo que los hará públicos. Reta, ahora, a que sus adversarios hagan lo mismo. Falta que le hagan caso a su acto de propaganda.
En Morena nacional y Morena Jalisco hay descontentos por la “imposición” de candidatos que ni sudaron la camiseta, pero llegaron de otros partidos abriéndose camino, cual hábiles tránsfugas, y dejando atrás a quienes con más años de militancia ya se veían como aspirantes a una alcaldía o diputación.
Y en el caso de Jalisco, un grupo de morenos de la región Ciénega (La Barca, Jocotepec, Ocotlán y Jamay) se apersonaron afuera de las oficinas de la dirigencia estatal a protestar. Que avancen sus demandas está por verse.
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jl/I