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Un México violento
Porque nos la quitaron
El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, alertó sobre la existencia y el funcionamiento de campos de exterminio operados por el crimen organizado en diversas entidades del país, los cuales, según señaló, actúan con el conocimiento de las autoridades.
En entrevista para InformativoNTR, Cosío Díaz calificó la situación como "gravísima" y detalló que estos centros funcionan bajo un método de reclutamiento engañoso, donde jóvenes son atraídos con falsas ofertas de empleo en el área de seguridad o call centers. Una vez que acuden, son secuestrados y llevados a estos campamentos clandestinos.
"En estos campos, los jóvenes son seleccionados para formar ejércitos al servicio de estos grupos criminales. Aquellos que no son considerados aptos son asesinados y sus cuerpos cremados. Esto contribuye al elevado número de personas desaparecidas en el país", afirmó el exministro.
Cosío Díaz también destacó la movilidad de estos grupos, mencionando que los reclutados en entidades como Colima y Jalisco son posteriormente trasladados a Zacatecas, donde son entrenados y utilizados en conflictos entre organizaciones criminales.
El exministro también señaló que estos centros de exterminio no podrían operar sin cierto grado de complicidad o negligencia por parte de las autoridades locales, estatales y federales. Como ejemplo, mencionó el caso de Teuchitlán, una zona con alto flujo de personas y actividad comercial, donde se han hallado restos de armamento de uso exclusivo del ejército.
"Es imposible que las autoridades no se hayan dado cuenta. Hay balaceras, se han encontrado cargadores y casquillos de alto calibre. Lo único que esto indica es el nivel de podredumbre de nuestra sociedad, donde existe connivencia entre particulares y el crimen organizado", denunció.
Asimismo, advirtió que las personas reclutadas en estos campamentos son trasladadas a otras entidades sin ser detectadas en carreteras, retenes o puntos de vigilancia.
Cosío Díaz también reprobó la postura de la Fiscalía General de la República, al considerar que estos casos deben ser atendidos con urgencia bajo la Ley General de Delincuencia Organizada y la Ley de Desaparición Forzada de Personas. Aseguró que la operación de estos campos implica delitos federales como extorsión, exterminio, acopio de armas y municiones, así como la portación ilegal de armamento de uso exclusivo del ejército.
"Estos hechos no son aislados. Existen muchos otros campos de exterminio en el país que no están siendo investigados. Es imperativo que las autoridades actúen con firmeza y sin esperar denuncias, ya que la desaparición de personas y el uso ilegal de armas son delitos que deben perseguirse de oficio", concluyó.
GR