Ribereños exigen frenar megaproyectos

El Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala exhortó al Gobierno de Jalisco a priorizar la atención a las múltiples crisis socioambientales que afectan al lago y sus comunidades antes de avanzar con obras millonarias de infraestructura hidráulica. Durante un primer encuentro con autoridades estatales, el Frente logró discutir no sólo los megaproyectos en curso, sino también discutir un Plan Integral de Restauración del lago y sus cuencas.

La reunión, realizada el pasado 18 de junio en el Palacio de Gobierno, donde funcionarios de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y de la Comisión Estatal del Agua defendieron el proyecto argumentando mejoras en eficiencia y ahorro económico, no presentaron los estudios técnicos ni el anteproyecto solicitado por el Frente, alegando que el diseño aún está en fase inicial y será concluido en octubre.

Esta falta de documentación genera preocupación en el Frente, ya que contradice lo dicho por el gobernador Pablo Lemus y lo publicado oficialmente en abril, cuando se emitió la licitación pública No. CEA-PRO-EST-LP-016-25 con un presupuesto de 6 mil 500 millones de pesos. Por ello, una de las principales exigencias del Frente es la entrega inmediata del anteproyecto, minutas, diagnósticos y toda la información entregada a las empresas involucradas.

Representantes de los pueblos ribereños expresaron su preocupación por la falta de transparencia, de consulta comunitaria y el enfoque extractivista con el que se sigue considerando al lago, al que calificaron como un “ser vivo” que debe ser protegido, no explotado.

Asimismo, denunciaron graves problemáticas como la contaminación por agrotóxicos y metales pesados, pérdida de biodiversidad, deforestación, despojo del área federal por inmobiliarias, afectaciones a la pesca y una crisis de salud pública documentada incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tras este primer acercamiento, se acordaron cuatro compromisos clave:

1. La creación de una Mesa de Trabajo para revisar de forma integral la situación del lago y diseñar un Plan de Restauración.
2. La entrega de toda la información técnica pendiente sobre los proyectos hidráulicos.
3. Visitas comunitarias de inspección a zonas afectadas del lago y el actual acueducto.
4. El respeto a los derechos humanos y a los estándares internacionales de información, participación y consulta, en particular los establecidos por el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT.

Aunque quedaron temas pendientes, como la evaluación del impacto del Acueducto Presa Solís, las autoridades estatales se comprometieron a mantener el diálogo y trabajar en conjunto con las comunidades.

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