Arremete CNDH contra gobiernos por Iguala

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a 16 autoridades federales, estatales y municipales en torno a la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala.

El documento contiene 128 puntos recomendatorios en los que se aclara que con esta instancia no se da por terminada la investigación del caso, sino que constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que corresponderá a las nuevas autoridades continuar con las investigaciones penales del caso.

"El desahogo puntual de las líneas de investigación que se proponen nos permitirá tener certeza sobre el destino de los normalistas despreciados y lograr que la justicia llegue a este caso”, enfatizó.

De acuerdo con el organismo autónomo, autoridades de los tres niveles de gobierno no hicieron nada para actuar y evitar los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y ésta situación “sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.

"En Iguala, diversas autoridades, tanto a nivel federal como local y municipal, sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero nadie hizo nada para actuar, con ello se hubiese evitado un desenlace como el que se presentó, que nos llenó de dolor, de indignación y coraje", dijo González Pérez.

En la sede del Club de Periodistas, en el Centro Histórico, González Pérez indicó que el documento sintetiza más de un millón de hojas y mil 255 tomos, resultado de las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas de “la cual constituye la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto”.

Al afirmar que se trata del caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH, comentó que en las pesquisas que realizó se vio obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades que recurrentemente le negaron acceso a la información en su poder, o bien entregaron información de manera parcial, incompleta o desordenada.

Además, de manera negligente o dolosa se negaron a llevar a cabo diligencias o ejecutar acciones que habrían permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos, evitar que elementos probatorios se perdieran o contaminaran.

El titular de la CNDH resaltó que la verdad es el mejor instrumento para la justicia, sin embargo en diversas ocasiones las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial.

Lo anterior, sostuvo, dado que desorientó, confundió y generó incertidumbre en la opinión pública, propiciando que las víctimas fueran revictimizadas, al grado que sin contar con evidencias comprobadas se dio por sentado que los estudiantes desaparecidos habían sido ejecutados.

Además, cuando se hizo público y divulgó el desarrollo de una supuesta diligencia ministerial que posteriormente se acreditó fue desarrollada al margen de la ley, así como el haber negado que existiera material óseo susceptible de ser analizado genéticamente adicional a aquel sobre el que se hizo público que se habían realizado pruebas con resultados limitados.

Más señalamientos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también presentó el informe final del plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial).

El Mecanismo Especial observa que persisten una serie de desafíos como: una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada; falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión.

 El informe subraya que preocupa que aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero de Cocula, a pesar de lo señalado por esta Comisión, expertos internacionales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense.

La CIDH observa que tres mecanismos de coordinación –Centro de Operaciones Estratégicas (COE); el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS)– que por sus características concentran acciones coordinadas de autoridades municipales, estatales y federales, podrían haber sido activados, o tener conocimiento de los hechos ocurridos, días antes a la noche del 26 de septiembre, lo que requiere ser profundizado.

Recomentó que deben continuar las investigaciones sobre el proceder de miembros del 27 Batallón, las policías de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar, Apaxtla y lugares cercanos a Iguala, así como la Policía Federal.

“El desaseo y poco profesionalismo con el que se han llevado a cabo las investigaciones han provocado que se subestimen 38 porciones petrosas de huesos y se ignore el material contenido en la bolsa recuperada del río “San Juan”, susceptible de someterse a pruebas de ADN”

"No se ha investigado omisión o tolerancia de autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno. Pese a advertir que algo muy grave sucedía en #Iguala, en perjuicio de los normalistas, no dieron parte a MP y ni ordenaron intervención directa"
Informe de la CNDH

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