La salud como derecho fundamental 

Al constituirse la Organización Mundial de la Salud (1946) se señaló que la salud es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; que los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y la protección de la salud son valiosos para todos. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos puntualiza que toda persona, así como su familia, debe tener asegurado un nivel de vida que garantice acceso a la salud. Y entre los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible se fija como necesidad lograr salud y bienestar. 

En México, desde 1983 se determinó constitucionalmente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Ya antes, durante el periodo de la posrevolución, los avances sociales permitieron la creación de las principales instituciones de seguridad social en el país (IMSS, ISSSTE, ISSFAM), así como la creación de una infraestructura hospitalaria. 

El IMSS, por ejemplo, ha llegado a ser la institución con mayor cobertura de atención para servicios médicos, con alrededor de 20 millones de trabajadores asegurados (2018), casi 7 millones por seguro facultativo (principalmente estudiantes) y 25 millones de familiares derecho-habientes (Informe IMSS, 2018); si sumamos a los pensionados, el IMSS logra atender a casi 60 millones de mexicanos. 

Sin abordar en este momento los problemas de escasez de medicamentos o infraestructura, ésta es la modalidad más amplia para proveer servicios de salud, pero está vinculada a aspectos laborales que integran el derecho a la seguridad social. Es decir, en este supuesto el derecho a la salud forma parte de las prestaciones que se derivan de un contrato de trabajo y en algunos casos de personas sin relación laboral –estudiantes–, pero no es un esquema de cobertura universal ni el medio más idóneo para garantizar el derecho a la salud para todos los mexicanos. 

¿Cuál sería, entonces, un escenario ideal para acercarnos en México a la salud universal? Una sola instancia que sin el condicionamiento derivado de la relación de trabajo garantice el derecho a la salud. Una institución nacional que permita priorizar recursos, planificar, establecer metas y sea independiente a los derechos (atención durante el embarazo, enfermedades de trabajo, pensión por invalidez) que son propios de la seguridad social. 

Si se piensa en la salud como un derecho universal, tiene sentido la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para proponer la creación de instancias como el Insabi, que trataría de unificar el sistema que se tenía para la población abierta. Por ello, llama la atención la renuencia de algunos gobernadores –como el de Jalisco–, que están rechazando de antemano incorporarse a esa iniciativa nacional. 

Si bien no será fácil lograr que la población sin acceso a la seguridad social tenga atención médica en todos los niveles, es una necesidad impostergable; especialmente porque hay grandes ausencias en materia de salud pública: lo vimos todo 2019 en Jalisco como primer lugar nacional en casos de dengue, por ejemplo, pero resulta indispensable establecer amplias agendas de prevención para enfermedades como diabetes, cáncer, insuficiencia renal, hipertensión y ver la salud de manera integral, incluyendo la salud mental, la nutrición, el acceso a agua potable, a servicios sanitarios, es decir, a dignificar las condiciones de vida de las familias mexicanas. 

Como señaló en su momento la propia OMS, “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. 

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