Operativo contra manifestantes fue político y no sólo policial

Los colectivos feministas que se movilizaron con energía en tiempos recientes contra de la violencia de género, entre sus consignas destacaron, y destacan, una: “La policía no me cuida; me cuidan mis amigas”. Tienen razón. En las calles, en los hogares, en los trabajos son agredidas, las asesinan. Los policías no las protegen; al contrario, las atracan. Hay excepciones, claro, pero el marco general en que se desenvuelven no es de ofrecerles seguridad. Tampoco justicia. Si son lesionadas físicamente, estar frente a hostiles agentes y ministerios públicos es una pesadilla; y si las asesinan, sus familias deben atravesar numerosos pasadizos de terrorismo jurídico en las fiscalías para que se investigue el crimen desde una perspectiva de género, para que los jueces no dejen libres a los agresores y sí impongan sanciones bien merecidas. Es un sistema de injusticia que aplasta la dignidad de seres humanos, en el que las corporaciones policiacas son un importante sostén de ese andamiaje. 

La violencia policial también se ensaña con jóvenes, sobre todo en colonias populares o comunidades marginadas. Desde niños aprenden ahí a cuidarse de no caer en manos de policías a bordo de una patrulla o una camioneta. Pueden ser víctimas de golpizas, robo, extorsión, violaciones; o que les siembren algún arma o droga. Pasarlos a la báscula, como dicen, es soportar un ultraje. Mujeres en general y varones sobreviven en ambientes sociales agresivos hacia ellas y ellos, en una normalización de la violencia policial. 

Las detenciones ilegales, el abuso de autoridad, las desapariciones forzadas, la tortura, las amenazas que soportaron más de medio centenar de jóvenes, hombres y mujeres, el pasado 5 de junio se ubica en ese contexto de violencia. En las inmediaciones e instalaciones de la Fiscalía Estatal, en la calle 14 de la zona industrial de Guadalajara, agentes ministeriales cometieron tropelías. La policía no cuidó a los manifestantes: los atacó salvajemente a patadas y golpes, con palos, bates, en camionetas sin placas, desapareciéndolos por horas, trasladando a decenas hasta lugares alejados, tirándolos como si fueran objetos. Los testimonios recogen las horas infernales que padecieron las víctimas. Por lo menos un centenar de policías participaron en el operativo. 

La agresión del 5 de junio tiene un carácter que es importante destacar: no se trató sólo de un operativo policial; fue un operativo político-policial. El ataque provino de la decisión de impedirles su derecho a protestar, a reunirse, a vulnerarles su libertad de expresión. El gobierno del estado tenía encima las protestas por el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, que un día antes derivó en una manifestación violenta en pleno Centro de Guadalajara y frente a palacio de gobierno, en el que resultaron incendiadas unidades policiales, un desconocido prendió fuego a un policía, se registraron detenciones a patadas y golpes contra quienes protestaban, donde los uniformados actuaron sin protocolo alguno. 

El operativo del 5 de junio no fue contra delincuentes. Se trató de un operativo policial con fines marcadamente políticos, que buscaba suprimir derechos fundamentales. La violencia policial cotidiana se repitió, pero en una escala mayor de represión político-institucional. Quien ordenó actuar a los agentes ministeriales lo hizo bajo una visión política autoritaria e ilegal para detener las protestas. Docenas de policías de la fiscalía no actuaron motu proprio. Recibieron instrucciones de un superior. Familiares y ministeriales señalan al fiscal y al gobernador. Y eso debe esclarecerse. 

Twitter: @SergioRenedDios

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