Hacer o decir

“Hacer es la mejor manera de decir” comentó en alguna ocasión el filósofo y escritor José Martí. Y es que, así como el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, podemos decir que el que mucho anuncia que va a hacer algo, pocas ganas tiene de hacerlo. Eso es algo fácil de constatar, y es probable que en más de una ocasión nos hayamos visto en esa situación. 

Me refiero a esto porque parece que en esa situación se encuentra el presidente López Obrador, en lo referente a llevar a juicio a sus antecesores en el cargo. Durante dos años estuvo anunciando que lo hará si el pueblo se lo solicita, algo que no es necesario, porque al tomar posesión del cargo él protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, por lo que si tiene elementos para proceder en contra de cualquiera de los ex presidentes de México, es su obligación hacerlo, no necesita nada más. 

Por eso es extraño que hace apenas unas semanas haya inducido a sus seguidores a recolectar las firmas necesarias para impulsar una consulta popular al respecto, la cual tendría que llevarse a cabo el año entrante, de acuerdo con lo previsto en las leyes y en la Constitución. Todo parece indicar que quería ver a todo el pueblo movilizarse para demandarle que lleve a juicio a los ex presidentes, pero cuando se dio cuenta de que eso no va a ocurrir, y que incluso podría tener dificultades para conseguir el respaldo suficiente de las bancadas de su partido en las cámaras de Diputados y de Senadores decidió enviar él mismo la iniciativa. 

Al momento de escribir estas líneas todavía no se sabía si se habían recabado las firmas necesarias para llevar a cabo la consulta popular, pero el hecho mismo de que no se reunieran rápidamente las poco más de un millón 800 mil requeridas, es un indicador de que ese no es un tema prioritario para la ciudadanía, aunque sí lo sea para el presidente. 

Ahora bien, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo el proceso establecido en la Constitución, considere que es pertinente la consulta, el costo de organizarla, según el Instituto Nacional Electoral (INE), será de alrededor de 8 mil 200 millones de pesos, lo que es más o menos la mitad del presupuesto original de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. 

En ese sentido, estando en una grave crisis económica, ¿vale la pena hacer una consulta sobre algo tan obvio, como lo es preguntar si el presidente debe cumplir con sus obligaciones? ¿No sería mejor destinar ese dinero a resolver algunos de los muchos pendientes que tenemos, como surtir de medicamentos a las niñas y niños que se quedaron sin quimioterapia hace varios meses, sólo por poner un ejemplo? 

Además, de acuerdo con la Constitución, el resultado de la consulta solo será obligatorio para las autoridades si vota más de 40 por ciento de la lista nominal de electores, lo que al menos en este momento se ve muy difícil de alcanzar, pero lo reitero, aunque se lograra, el costo de la consulta me parece excesivo para preguntar una obviedad. 

Y no es que descalifique el anhelo de una gran cantidad de compatriotas de que se haga justicia, por el contrario, me parece que, si el presidente y su gabinete desean responder a ese anhelo, deberían de hacer bien su trabajo, investigar, documentar y sustentar las acusaciones en contra de cualquier persona que haya incurrido en actos de corrupción, especialmente en los casos más graves; es decir, deben hacer, no decir. Sin embargo, su hacer parece decir que sólo le interesa conseguir más votos en las siguientes elecciones. 

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