Ejército y derechos humanos

Desde que empecé a relacionarme con el tema de los derechos humanos, hace más de 30 años, escucho frases que justifican el abuso de poder por parte de las autoridades, especialmente las que están armadas, Policía y Ejército. Como si el hecho de portar un arma y vestir un uniforme les volviera infalibles y justificara cualquier cosa que hagan, incluso matar a alguien sin necesidad.

Usualmente ese tipo de justificaciones vienen de personas que se sienten inmunes a los abusos de poder, tal vez desde la supuesta superioridad moral que permea en nuestra sociedad desde hace décadas, que se junta con la creencia de que al que obra mal le va mal, pese a que los hechos suelen desmentirla.

El caso es que el asesinato a tiros de cinco jóvenes en Nuevo Laredo por parte de integrantes del Ejército mexicano, sin que esté claro si había necesidad de hacerlo, porque los jóvenes ni siquiera estaban armados, pone en evidencia que los temores de quienes nos hemos opuesto a la militarización de la seguridad pública, y otros servicios, tenían fundamento.

Además, como ya lo comenté en este mismo espacio, se confirma el hallazgo de que el asesinato impune de periodistas predice un agravamiento de la situación general en temas de derechos humanos en un plazo no mayor a dos años.

Claro, habrá quien afirme que un solo caso no permite llegar a las conclusiones que expresé en el párrafo anterior, pero me estoy refiriendo a un caso de muy alta gravedad, y no estoy dando cuenta de muchos otros que han ocurrido, además de los que no se han hecho públicos, en parte debido al miedo de las víctimas a denunciar, por el alto riesgo de sufrir represalias, y porque es poco probable que las investigaciones avancen, ya que el presidente no se interesa por las víctimas.

También es de llamar la atención la prisa con la que tantas personas en redes sociales como Twitter pretendieron justificar que se asesinara a esos jóvenes a partir de una foto encontrada en las propias redes sociales, que les servía para afirmar que era integrante de algún grupo delincuencial. Y suponiendo, sin conceder, que fuera cierto, eso no justifica que los militares lo mataran junto con sus acompañantes, que hasta donde se sabe no tenían nada que ver con actos delictivos.

Adicionalmente, la ejecución extrajudicial, es decir, el asesinato de delincuentes indefensos por parte de las Fuerzas Armadas es una violación muy grave a los derechos humanos, porque impide que se les juzgue adecuadamente, y, especialmente, porque no permite que se aclaren las circunstancias de los delitos que pudieran haber cometido, y que podrían ser reparados hasta cierto punto, como parte de su sanción.

Por otra parte, este tipo de situaciones no es nueva, se viene dando desde hace muchos años, pero se agravó desde que Felipe Calderón decidió lanzar su guerra contra las drogas y, por cierto, es importante que no olvidemos que también en su sexenio había mucha gente que aplaudía las ejecuciones extrajudiciales. Por lo visto en este punto no ha habido ningún cambio.

Lo peor del tema es que estos casos suelen quedar en la impunidad o se sanciona solo a los elementos de más bajo nivel jerárquico, sin que se juzgue la actuación y el desempeño de los mandos militares, quienes están a cargo del diseño y supervisión de la estrategia de seguridad pública en la que, indebidamente, están participando.

¿Y ante esto qué podemos hacer? Por lo pronto, exigir que nuestras instituciones hagan su trabajo, que quienes integran la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso federal llamen a cuentas a los mandos militares involucrados.

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