Ingobernabilidad

Hay ingobernabilidad cuando “existen situaciones sociales divisivas, conflictivas, nocivas, presentes o futuras, que consideramos que la acción gubernamental no ha podido o no podrá modificar, ya que sus acciones no muestran ser eficaces para desactivarlas y tampoco podrán serlo en el futuro previsible”, explicó en una conferencia el doctor Luis F. Aguilar, y me parece que describe muy bien la situación de nuestro estado y de nuestro país en muchos temas.

Me explico. En un informe que presentó recientemente la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se da cuenta de que el total acumulado de personas desplazadas internamente en nuestro país desde 2006 hasta diciembre de 2021 es de 379 mil 322. Y solo en 2021 se vieron en esa situación 28 mil 943 personas, de las cuales mil 90 corresponden a Jalisco.

Es decir, esas personas se han visto obligadas a abandonar sus casas, tierras y demás bienes a causa de la violencia que padecen, y que pone en riesgo su propia vida, y han tenido que irse a otros lugares para evitar seguir sufriendo daños de algún tipo, porque las autoridades, municipales, estatales o federales, no han podido garantizarles su seguridad.

Por otra parte, pese a la existencia de leyes para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos fue atacada con ácido y ha denunciado públicamente que el juez que lleva el caso está favoreciendo a su atacante, y lo quiere dejar bajo arresto domiciliario, lo que a ella la pone en un riesgo aún mayor de su vida.

Y como respuesta a eso, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa que pretende resolver el problema, tipificando ese delito como violencia ácida para aumentar su gravedad. Es decir, ante la inefectividad de una ley se quiere proponer otra que plantee un castigo más severo, cuando el problema no es la severidad del castigo, sino la falta de disposición de muchos varones a respetar a las mujeres y la falta de diligencia de los servidores públicos a cargo de hacer cumplir la ley, y de sancionar a los infractores.

Legislar sin tener diagnósticos claros es un intento de engaño a la ciudadanía. Recurrir a la salida fácil de aumentar en el papel el número de años de cárcel con el que supuestamente se castigaría a quien cometa una cierta infracción, en un país en el que la impunidad de los delitos denunciados es de más de 90 por ciento, es un mal chiste, y un insulto para las víctimas de los delitos, que no pueden recibir la reparación del daño que han sufrido.

Como muestra de eso tenemos el reciente caso de Poncitlán, en el que un hombre asesinó a balazos a su pareja y a la madre de esta, en las oficinas del ministerio público, mientras presentaban por segunda vez una denuncia por violencia doméstica en contra de él. Y no solo eso, el agresor se retiró del lugar, porque nadie lo detuvo en ese momento. Este miércoles fue capturado en Nayarit.

¿Usted cree que eso se resuelve aumentando el número de años de cárcel a los que se le puede condenar a quien lo haga? ¿O que basta con tipificar el delito de feminicidio dentro de las instalaciones de la instancia encargada de procurar la justicia?

Se supone que adoptamos una forma de gobierno republicana y democrática para no tener que vivir bajo la ley del más fuerte, pero la realidad es que, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, el Estado de derecho ha ido perdiendo cada vez más su poca efectividad, y parecería que estamos viviendo una situación de guerra civil no declarada. ¿Qué vamos a hacer para retomar nuestro proyecto inconcluso de tener una democracia funcional y cuándo?

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