Retroalimentación legislativa (II)

En mi columna de la semana anterior comenté que hay una tendencia muy marcada a la pereza en las legislaturas dominadas por el partido del titular del Poder Ejecutivo, presidente o gobernador, porque el Legislativo en su conjunto deja de lado el trabajo de revisar y retroalimentar sus propuestas y decisiones, y esto se traduce en que hay una menor calidad del trabajo del sistema político.

Puede ser que en lo inmediato muchas personas consideren que es mejor así, dejar que lo que proponga el Ejecutivo se ejecute sin cambiarle ni una coma, pero en estos casos las afectaciones suelen notarse tiempo después, y quien tuvo la responsabilidad de que ocurriera se exculpa diciendo que dejó todo funcionando.

Por otra parte, aunque resulte paradójico, todo parece indicar que es más probable que un presidente con un Congreso cuya mayoría no le responde directamente, y por lo tanto necesita negociar, consigue una proporción más alta de aprobación de sus iniciativas, como da cuenta la periodista Leticia Robles: Peña Nieto concretó 79.8 por ciento de sus iniciativas; Calderón, 79.5 por ciento, y Fox, 74.6 por ciento, mientras que López Obrador, sólo 63 por ciento. Y los primeros tres tuvieron un Congreso con mayoría opositora.

En ese sentido parece que la mejor forma de apoyar una candidatura a la Presidencia de la República, o de una gubernatura, es votar por otros partidos para asignar los puestos en el Congreso.

Por otra parte, un Congreso alineado con el Ejecutivo suele favorecer el abuso de poder y la imposición de decisiones, lo que simplemente contribuye a incrementar el desdén por la ciudadanía, de parte de quienes deberían representarla, y por lo tanto se dejan de lado sus intereses y necesidades.

Veamos, por ejemplo, el tema de las designaciones públicas referidas a instancias de orden federal. El Senado de la República, dominado por Morena y sus aliados, incumplió con su obligación de designar a quienes deberían ocupar 25 puestos que quedaron vacantes porque se terminó el periodo de los nombramientos de quienes los ocupaban. Esas vacantes no cubiertas corresponden al sistema nacional anticorrupción, al tribunal federal de justicia administrativa, al tribunal federal electoral, y al instituto nacional de transparencia, entre otros.

En el caso de Jalisco, el Congreso del Estado no ha cumplido con su obligación de supervisar al Ejecutivo, y dejó pasar muchos meses para atender el problema de varias colonias del área metropolitana de Guadalajara que reciben agua que evidentemente no es potable. Tampoco ha llamado a cuentas a quienes forman parte del gabinete del gobernador, y no han actualizado los reglamentos de sus dependencias, para poder hacer efectivas las leyes sobre desaparición de personas.

Y con esto no digo que los Congresos controlados por la oposición son perfectos, nada de eso, solo quiero dejar en claro que al parecer la ciudadanía se beneficia más cuando quienes la representan pueden corregir errores por anticipado, y negociar, bajo la supervisión pública, formas de atender los problemas comunes que integren perspectivas más amplias.

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