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Inflando el informe
Sigue el tiradero de dinero
Algo está mal cuando quienes representan al pueblo le temen a ese pueblo al que dicen representar. Peor aún, cuando quienes ejercen esa función de representación utilizan los recursos públicos a su disposición para atrincherarse y mantener a raya a la ciudadanía que demanda rendición de cuentas, y sanciona el abuso en el ejercicio de esa representación.
Es claro que el ejercicio de la función legislativa se da en medio de conflictos, tanto internos como externos. En lo interno, las posturas de los partidos políticos son fuente de conflictos, como también lo son las posturas de quienes integran las bancadas. En lo externo, también hay conflictos, porque no hay manera de cumplir con las expectativas de toda la población.
El problema no es que haya conflictos, de hecho, es positivo que se den y se manifiesten, porque eso abre la posibilidad de que se visibilicen necesidades y demandas que de otra forma serían invisibles. En cierto sentido, el arte de la representación popular consiste en gestionar conflictos por las vías institucionales.
Ahora bien, si el problema no es la existencia de conflictos, el malestar ciudadano hacia sus representantes puede derivarse de que sus representantes evaden esos conflictos, ignoran las demandas, y se encierran para no escucharlas.
Es un autoengaño pensar se desvanecerá el conflicto al utilizar a aplanadora legislativa, porque se tiene la mayoría necesaria para imponer una decisión sin hacer ninguna concesión, porque eso en realidad lo vuelve más grande, e incluso puede dar lugar al uso de la violencia, de una o de ambas partes.
Eso explica que cuando se iba a discutir la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de México, estudiantes de derecho y trabajadores del Poder Judicial federal hayan bloqueado el acceso a las sedes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, como un primer intento de hacerse escuchar, y que, posteriormente hayan dado un “portazo”, y hayan invadido la sede del Senado. Son respuestas naturales y congruentes ante una autoridad que evade el conflicto, y se rehúsa a dialogar y negociar.
Pero el conflicto sigue ahí, por eso el presidente del Senado decidió prohibir la entrada a la ciudadanía a la sede del Senado, y gestionó el apoyo necesario para que quienes no están de acuerdo con la manera en que toma sus decisiones la mayoría en esa Cámara no pueda ni siquiera acercarse.
Y no solo eso. El mismo presidente del Senado ha decidió utilizar su influencia política para ir jurídicamente en contra de un ciudadano que lo confrontó por la manera tan desaseada en que está gestionando los conflictos que le corresponden. En vez de enfrentar el conflicto, trata de evadirlo poniendo un cerco jurídico a su alrededor.
El Senado no necesita encerrarse, necesita enfrentar el conflicto a través del diálogo y la negociación, porque al no hacerlo, traiciona su función como espacio para gestión pacífica de los conflictos sociales, y deja abierta la puerta para que los conflictos se gestionen en la calle, y probablemente de maneras violentas.
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