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¿Para espiarnos?
A creerle
La reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente López Obrador, ya fue aprobada en sus términos por legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, pese a las masivas protestas callejeras de las personas que trabajan en el Poder Judicial federal y de estudiantes de derecho, además de las llamadas de atención sobre las posibles consecuencias negativas de la reforma, provenientes tanto de la academia, como de las organizaciones de practicantes del derecho e instancias internacionales.
Y aunque esto aún no está resuelto del todo, dado que hay varias impugnaciones al proceso legislativo mediante el que se aprobó la reforma, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver, el hecho es que, para bien y para mal, el Poder Judicial en su conjunto ha sido zarandeado; su legitimidad está profunda y conscientemente cuestionada, y ahora corresponde a los Congresos locales llevar a cabo su propia reforma.
Esta situación nos plantea tres posibles escenarios para Jalisco. El primero es que se copie y pegue la reforma federal, y en marzo se elegirán a todas las personas juzgadoras del estado, junto con las federales, con toda la complejidad (y tal vez imposibilidad) logística que eso implicará. El segundo es que se hace valer el federalismo, por la vía jurídica o por la vía del desacato de hecho, y se deja todo como está. El tercero es que se aproveche la oportunidad para hacer una reforma más profunda y avanzada que la federal.
La segunda alternativa, hacer valer el federalismo, puede ser el pretexto para proteger los intereses creados en la gestión de la justicia, dado que, se sabe, la mayoría de los nombramientos se dan por una serie de arreglos que conocemos como de “cuotas y cuates”, que no aseguran que las personas más calificadas ocupen esos puestos, pero que le garantizan cierta protección judicial a quien otorgó el cargo, lo que asegura la impunidad, o permite el uso político del sistema de justicia.
En cambio, la tercera opción nos permitiría recuperar la vanguardia que Jalisco ha ocupado y ocupa en otras áreas, como el Gobierno Abierto, por poner un ejemplo. De modo que tenemos la oportunidad de llevar a cabo una reforma al sistema de justicia en su conjunto, recuperando iniciativas previas, como Fiscalía Que Sirva, o la pospuesta ley de designaciones públicas, a las que habría que sumar otras para dar más calidad al trabajo policíaco, y otras para recuperar el control de las prisiones.
Estoy consciente de que esto que planteo encontrará muchas resistencias, comenzando por quienes se benefician del estado actual de las cosas, y por quienes podrían perder el privilegio de poder pasar por encima de las reglas del juego, o por quienes tienen miedo de no poder competir en un terreno parejo. Sin embargo, debemos vernos en el espejo de Sinaloa y Chiapas, y preguntarnos si queremos vivir en situaciones como esas.
¿Aprovecharemos la oportunidad para mejorar el sistema de justicia de Jalisco?
[email protected]
X: @albayardo
jl/I