Legislar en contra del imperio de la ley

Últimamente se observa una tendencia creciente a hacer afirmaciones públicas en contra del imperio de la ley entre los líderes políticos. Esa frase, que parece aludir a nuestro presidente o a algún(os) gobernador(es) de nuestro país, en realidad se refería a líderes políticos europeos, y apareció en un artículo editorial publicado en 2017, escrito por Peter van Lochem para una revista especializada en la teoría y la práctica de la legislación. 

En su texto, Van Lochem comenta que usualmente se mide el nivel del respeto al imperio de la ley tomando como referencia qué tan fácil es acceder en un determinado país a un tribunal independiente, pero que ahora también se necesita revisar la actuación de quienes hacen las leyes para medir ese indicador. 

En general, considerando una definición sencilla, podemos afirmar que el principio del imperio de la ley es vigente cuando toda la población, incluyendo sus gobernantes, está sujeta a reglas de comportamiento que se aplican a todas las personas por igual, a través de leyes y procesos institucionales, sin excepciones de ningún tipo. En otras palabras, ocurre cuando tenemos un gobierno de leyes, no de personas, ya que en ese caso los ciudadanos no dependeremos del humor de un individuo para garantizar nuestros derechos. 

Parecería absurdo pensar que quienes han recibido el encargo popular de representar a la población, y legislar en su nombre, puedan hacer leyes que vayan en contra del imperio de la ley, pero el hecho es que sí es posible, y, de hecho, ocurre, particularmente cuando las leyes se redactan de manera que se deje a discreción de la autoridad respectiva el aplicar o no una sanción a cierto comportamiento indebido. Es decir, puede haber leyes injustas. 

Por ejemplo, las leyes actuales no prevén sanciones específicas en caso de que el Poder Legislativo incumpla con las obligaciones que se impuso a sí mismo, por ejemplo al no dictaminar en tiempo y forma las iniciativas de ley; o no respetar los términos de las convocatorias que emite, como en el caso de la reciente designación de tres integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, o incluso, de una designación que justo está en proceso al momento de redactar este texto, la de las nueve personas que integrarán el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción por los siguientes tres años. 

Es usual que quienes se sienten moralmente superiores consideren que están exentos del cumplimiento de la ley, y por eso la violen constantemente de manera más o menos abierta. Y no es raro que quienes así se sienten tiendan a comportarse de manera autoritaria, y desprecien e incluso ataquen cualquier intento de obligarles a actuar bajo el imperio de la ley, especialmente cuando se encuentran rodeadas por personas que padecen el síndrome de la personalidad autoritaria, que las predispone a aceptar ese tipo de liderazgos e impulsarlos activamente. 

Pero, como ya lo expuse más arriba, es muy peligroso que la ciudadanía esté expuesta al humor de quien ejerce la autoridad, ya que en esos casos es frecuente la violación a los derechos humanos, desde los más básicos, como el libre tránsito, hasta los referentes a la integridad física. 

Lo que ha permitido a la humanidad ir superando la barbarie es la creación de instituciones que se encargan de evitar la concentración del poder a favor de unas cuantas personas, y de poner un piso más parejo para la creación de oportunidades de desarrollo para todas las personas, y de mejores condiciones para la atención de sus necesidades. Así que no debemos permitir actos legislativos contrarios al imperio de la ley. 

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