La sana división de poderes

En días pasados se generó una polémica importante entre poderes de gobierno debido a que el Poder Judicial de nuestro país mantiene, en el desempeño de esta administración, estrechos márgenes de autonomía respecto del Poder Ejecutivo. Se determinó así una polémica al resolver dentro del margen de soberanía que ejerce el Poder Judicial, una sentencia de suspensión de atribuciones de la Comisión Federal de Electricidad, sustentadas en elementos emanados de la reforma eléctrica. De esta forma, por parte del juzgador, los elementos de ejecución de la reforma se consideraron fuera del orden constitucional y, en tal sentido, el juez emitió la suspensión de ejecución de procedimientos procedentes de una reforma que resultó contraria al sentido e interés de la Constitución. 

La división de poderes se concibió en un modelo que surgía de una revolución, la Revolución francesa, y que tenía como objetivo la eliminación de condiciones que concentrasen todas las decisiones y los poderes del Estado en una sola persona. Luis XIV, el Rey Sol, en pleno ejercicio de un absolutismo sin contrapesos, señalaba: “El Estado soy yo”. Muchas décadas después, con el desarrollo de un esquema de mayor participación ciudadana en las decisiones sobre las políticas del Estado, se conformaron diferentes instituciones con el objeto de generar un entorno equilibrado de la administración pública, definiendo una posición esencial que surge de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, es decir, el ciudadano como eje central de la conformación de la gobernanza. En ese sentido, tanto John Locke en Inglaterra como Montesquieu en Francia coinciden en la necesidad de la estructuración de una república representativa, con partidos políticos y con una división de poderes del Estado que tenía la finalidad de contrarrestar los excesos de unos sobre los otros. 

En el curso de los últimos meses, el Poder Legislativo recibió una propuesta de reforma eléctrica del Poder Ejecutivo y el presidente señaló, sin un mínimo de rubor, que no le moverían ni una coma. Si bien en el Legislativo hay una mayoría del partido en el poder, se esperaba una posición de mayor análisis en la propuesta que más pareció una orden, y como tal, se ejecutó. La posición de contrapeso del Poder Legislativo se desvaneció. Desde los años 90, los equilibrios que había representado el Legislativo, incluso con la presencia de destacadas personalidades que ahora forman parte del gobierno y de la mayoría del partido en el poder, hacían pensar que habría algún análisis de la propuesta pero, como la recibieron, la aprobaron. 

Frente a la interrupción de las acciones de la reforma eléctrica, la ira presidencial se concentró en el juez Juan Pablo Gómez Fierro, y estableció que solicitaría que se investigue su actuación. Invistiéndose de facultades metaconstitucionales, se erige en jefe de un poder que tiene sus propios mecanismos de gestión y organización establecidos, como los del Ejecutivo, en la Constitución. 

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló en su cuenta de Twitter: “Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF (Consejo de la Judicatura Federal) garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”. 

La importancia de mantener la división de los poderes en el proceso de gobierno asegura una representación plural y democrática. De acuerdo con los clásicos, lo que se busca es una limitación a la constante tentación de establecer un sistema unipersonal de gobierno. El tema y las formas en relación con esta controversia sin duda tendrán nuevos escenarios de contacto con los próximos actos de gestión de la reforma eléctrica y otros tantos con el complejo y enorme proceso electoral que tenemos en puerta. 

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