Inseguridad pública, un actor electoral

Las campañas electorales en Jalisco se desarrollan en medio de la alarmante crisis de inseguridad pública. La más grave en lo que va del siglo. A pesar de los malabares para interpretar a su favor los datos por parte de las autoridades federales, estatales o municipales, se van registrando, uno tras otro, asesinatos todos los días, desapariciones en aumento, privaciones ilegales en los propios domicilios, descubrimientos de más fosas clandestinas, torturas y crímenes en casas no de seguridad, sino del terror, desplazamientos forzados, policías que son cómplices o víctimas de hampones, investigaciones ministeriales irresueltas, etcétera. La violencia continúa imparable. La inseguridad es cada vez peor. Nadie puede considerarse a salvo ni en su propia casa. 

Sólo que ahora, en ese contexto de inseguridad y violencia, existen nuevos elementos: las familias se organizan en más colectivos o con sus círculos cercanos para buscar a sus desaparecidos, ante la ineficiencia de las autoridades; son más constantes las protestas frente a Casa Jalisco, palacio de gobierno y otros sitios para exigir justicia y la localización de los desaparecidos; es más activo el uso de las redes sociales para informar, convocar y demandar que actúen las autoridades; se involucran instituciones y agrupaciones en las movilizaciones, y se investiga más sobre la inseguridad por parte de reporteros y medios informativos. Se trata de algunos signos del creciente malestar social en Jalisco, con autoridades rebasadas por el crimen organizado y el común. 

El fracaso de la administración estatal y las administraciones municipales metropolitanas surgidas de Movimiento Ciudadano para detener la inseguridad y la violencia tiene repercusiones políticas. Los malos resultados exhiben la ineficacia del nuevo grupo político que gira alrededor del gobernador Enrique Alfaro, al no cumplir su promesa de mejorar la seguridad pública. Arribaron al poder municipal y de ahí al estatal, llevando como bandera que serían diferentes. No ha sido así, entre otros rubros, en cuanto a “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio” de los jaliscienses, como los obliga el artículo 21 constitucional. Las estrategias puestas en marcha, como crear una coordinación estatal de seguridad, no han funcionado. Otras, que supuestamente fortalecerían a las corporaciones, como la creación de una policía metropolitana, son un fiasco. Las rispideces entre Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador no han sido una buena táctica política para Jalisco. 

El fracaso en seguridad pública de las autoridades surgidas de Movimiento Ciudadano es también el fracaso del partido naranja. Cuentahabientes que han sido asaltados al sacar dinero de cajeros automáticos, comerciantes que pagan derecho de piso a delincuentes, pueblos amenazados por los llamados jefes de plaza que manipulan a policías municipales y actúan como metapoderes ilegales, vecinos de municipios donde grupos armados impiden campañas o imponen candidatos, transeúntes desvalijados desde celulares hasta carteras, etcétera, ¿están dispuestos a votar el 6 de junio por un partido cuyos candidatos prometen de nuevo mejorar la seguridad? 

La inseguridad pública es un actor político objetivo y subjetivo en las elecciones en puerta. Y lo subjetivo tiene mucho peso al cruzar las boletas. El malestar social repercutirá en la votación. Ya se advierte en estudios de opinión sobre las preferencias electorales, donde Movimiento Ciudadano pierde fuerza. Una de las posibles explicaciones es el hartazgo de la población, que se siente vulnerable, sin protección, ante los delincuentes. Autoridades ineficaces son autoridades débiles. Fallar en la prevención, investigación y persecución de los delitos es fallarles a los votantes y sus familias. 

Twitter: @SergioRenedDios

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