Legalizar los abusos

“En un contexto de etnonacionalismo, populismo y autoritarismo en aumento, al tiempo que se produce un retroceso en los derechos humanos en algunos países, la crisis puede servir de pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia”, señaló en abril de 2020 el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La semana pasada su discurso retomó relevancia ante la aprobación en la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso de Jalisco de la iniciativa que pretende reformar la Ley de Salud del Estado y regular la medida de arresto hasta 36 horas para las personas que no utilicen cubrebocas en los espacios públicos.

De acuerdo con dicha propuesta de ley, frente a la presencia de enfermedades transmisibles por el aparato respiratorio en una población, región o a nivel estatal se deberán tomar las medidas necesarias para evitar su propagación. Se estipula que una de estas medidas es el uso obligatorio de cubrebocas para las personas mayores de dos años de edad que se encuentren en los espacios y medios de transporte públicos y privados.

La iniciativa recuerda el Acuerdo DIGELAG ACU 026/2020 del gobierno de Jalisco, publicado en abril de 2020, en el cual se decretaron diversas medidas obligatorias para prevenir y contener la propagación del Covid-19, y las sanciones ante su incumplimiento, incluyendo la medida de arresto hasta 36 horas. En aquel momento se advirtió que la aplicación de dicho acuerdo podría derivar en la comisión descontrolada e invisibilizada de violaciones a los derechos humanos y delitos, tales como abuso de autoridad, detención arbitraria, extorsión, uso excesivo de la fuerza, discriminación o tortura y desaparición forzada. Lo anterior, ante la ausencia de claridad sobre los criterios y reglas de actuación e imposición de sanciones, no prever los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas o falta de capacitación de servidores públicos para cumplir con estas tareas. Además, preocupaba la participación de policías municipales en la aplicación de sanciones, considerando su largo historial de abusos, brutalidad y altos índices de violencia policial.

Estas preocupaciones vuelven a posicionarse ante el riesgo que pudiera implicar la aplicación de la iniciativa al ser aprobada en el pleno. El año pasado en Jalisco varias de las advertencias se materializaron. Conforme a las estadísticas oficiales, solamente entre los días 20 de abril y 11 de mayo de 2020 en nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se reportaron 412 arrestos. Cabe recordar también el caso de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni López, cometido por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos en este contexto. La gravedad de lo sucedido y los intentos de encubrir los hechos desataron una fuerte indignación social y generaron una serie de protestas.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución No. 01/20, señaló que las medidas implementadas por las autoridades, orientadas hacia la atención y contención del virus, deben basarse en la protección de la dignidad humana y los derechos humanos que se derivan de la misma, considerando el impacto diferenciado de la aplicación de estas en los derechos de los grupos que históricamente han sido discriminados o que se encuentran en especial vulnerabilidad.

Si bien ante las emergencias sanitarias se requieren estrategias contundentes para atender y prevenir contagios, frente al enfoque coercitivo que caracteriza la iniciativa de ley, existe el riesgo de que la misma pudiera convertirse en una herramienta de represión y criminalización de personas más afectadas por la pobreza y condiciones de desigualdad social.

Es lamentable que quienes representan a la ciudadanía, durante las últimas semanas de su mandato, dedican sus esfuerzos a buscar acciones que refuercen el autoritarismo del Estado y contribuyan a retrocesos en materia de derechos humanos, en vez de atender las necesidades reales de la población jalisciense frente a la complejidad de la crisis de violencias e inseguridad que se vive en la entidad.

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