Memoria a corto plazo

En julio del año pasado, el Congreso del Estado defraudó a la población que representa. Eligió a una persona a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) violando la ley en la materia en la cara de la sociedad, demostrando que las y los diputados pueden actuar al margen del marco jurídico y no pasa absolutamente nada.

Ante las irregularidades ocurridas durante el proceso de elección, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) en conjunto con otras organizaciones presentaron dos amparos, mismos que no fueron admitidos por el Poder Judicial de la Federación alegando que de acuerdo con el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, las decisiones soberanas tomadas por los Congresos, entre las cuales se enlistan los procesos de elección de personas funcionarias públicas, no pueden ser impugnadas.

En respuesta a ello se presentaron dos recursos de queja ante los Tribunales Colegiados correspondientes para que analizaran si la decisión de no admitir los amparos fue correcta, resaltando la importancia del derecho a la protección judicial, mismo que debe implicar una posibilidad real y efectiva de interponer un recurso jurídico para impugnar violaciones a los derechos humanos. De igual manera, se alegó la necesidad de realizar un control de convencionalidad de la Ley de Amparo, y analizar su compatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y con los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, se señaló que la decisión de no admitir el amparo vulnera el derecho a defender los derechos humanos, y al privar de la posibilidad de presentar un recurso efectivo de impugnación se limita la participación en asuntos de interés público.

Sin embargo, aún ante una evidente violación a la ley, el Poder Judicial no ejerció su rol de garantizar la protección judicial. Uno de los recursos de queja fue desechado, confirmando la resolución del Juzgado de Distrito, y otro está pendiente de ser resuelto. Cabe señalar que en la sesión del Tribunal Colegiado fácilmente pudo advertirse el desconocimiento pleno sobre los procesos de elección de personas titulares de los organismos públicos de derechos humanos, así como de los instrumentos internacionales en la materia, además de la negativa a realizar un control de convencionalidad.

Paralelamente, se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo proceso de integración concluyó justificando que los actos del Congreso de Jalisco no son de su competencia y tampoco pueden ser estudiadas por dicho organismo. En realidad, la decisión de la CNDH no sorprende tanto, considerando que, en semanas anteriores, la misma demostró su alto grado de politización, descomposición y falta de independencia al emitir un comunicado para descalificar las declaraciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y negar la realidad de violaciones a los derechos humanos y de violencia en el país.

Esta situación evidencia que en México tanto el Poder Legislativo como cualquier otro actor pueden incumplir las leyes, al no haber mecanismos efectivos para cuestionar sus acciones y rendir cuentas. Las condiciones son idóneas para que las arbitrariedades queden en impunidad, y el sistema de justicia proteja a quienes las cometen, permitiéndoles actuar de forma irregular sin consecuencia alguna. La ausencia por completo de control judicial coloca a la población en una situación de desprotección jurídica y vulnerabilidad, además de que las decisiones basadas en los intereses particulares y políticos perjudican a la ciudadanía.

A 10 meses del proceso de elección casi nadie se acuerda de lo que pasó, y como sociedad nos caracterizamos por una memoria de muy corto plazo. Incluso las iniciativas de ley presentadas en torno a la CEDHJ aún después del proceso de elección, no consideraron cambios al respecto, aunque supuestamente pretenden atender las necesidades sociales. Tampoco se ha retomado en el debate público la iniciativa de ley sobre las designaciones públicas. Y quienes perdemos somos la sociedad en conjunto, por ejemplo, con un Poder Judicial sesgado o con una CEDHJ ausente que durante la actual presidencia ha actuado en complicidad con el Ejecutivo estatal y emitió sólo 10 recomendaciones de poca calidad.

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