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Se fue bien pagada
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El 2024 llega sin muchas esperanzas. El incumplimiento de grandes propósitos en materia de derechos humanos del año pasado una vez más nos evidenció que éstos no han sido más que simulación. Las crisis se acumulan y las omisiones de los años o hasta décadas anteriores se arrastran, lo que propicia la repetición y el agravamiento de la situación. Los titulares de las notas periodísticas parecen los mismos; sin embargo, los hechos son cada vez más brutales. Ante este panorama, se diluyen las ilusiones de que un día algo cambie de verdad, y que podamos evitar más tragedias. En esta temporada del año es vital recordar los desafíos en materia de derechos humanos que urge atender en Jalisco, considerando también la omnipresente jornada electoral.
Una de las mayores deudas del Estado con la sociedad ha sido la crisis de desaparición de personas. Las estrategias institucionales para atender la situación y los esfuerzos por disminuir las escalofriantes estadísticas sobre personas desaparecidas han acumulado múltiples críticas. A pesar de los aparentes intentos de hacer frente al problema, los resultados son escasos. Casi tres años después de la aprobación de leyes en materia de desaparición, estas siguen sin implementarse de forma efectiva, y parecen desplazadas por las prioridades electorales, lo cual no permite evitar que más personas desaparezcan, aún más considerando que Jalisco desde 2019 ocupa el primer lugar a nivel nacional en esta categoría. A esto se suma la mínima voluntad política para rendir cuentas y construir verdaderos mecanismos de diálogo y participación conjunta. Las autoridades han desentendido lo que implica la consigna “sin las familias no” y han sometido el derecho a ser buscado/a a manipulaciones políticas.
Por otro lado, en 2023 los esfuerzos en contra de los procesos para la construcción de memoria y no repetición de las atrocidades han presentado su apogeo. Durante meses los gobiernos de Jalisco y de Guadalajara han emprendido una estrategia para desgastar e impedir la reinstalación del antimonumento 5J, incumpliendo las órdenes judiciales de suspensión, e ignorando, sin consecuencia alguna, tanto las decisiones del Poder Judicial como el dolor de las víctimas. Una evidencia más de que en Jalisco no existen contrapesos ni decencia humana.
De igual manera, la labor periodística y de defensa de derechos humanos sigue implicando riesgos, aún más en tiempos electorales. El año pasado culminó con la dolorosa noticia de la ejecución extrajudicial de Higinio Trinidad, defensor nahua en la sierra de Manantlán. Su muerte nos evidenció la cruel realidad de que en Jalisco levantar la voz y atreverse a criticar, protestar o luchar contra las injusticias puede costar la vida. Coloca también la urgencia de garantizar condiciones para realizar estos esfuerzos de forma segura.
Entre la amplia lista de pendientes se mantienen también grandes omisiones del Congreso local, cuyos intereses han sido contrarios a la protección de la dignidad humana. Siguen sin aprobarse la ley de víctimas, urgente ante el escenario de violencia; la ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo y despenalización del aborto, considerando también el último pronunciamiento de la SCJN; o la legislación sobre designaciones públicas para asegurar procesos transparentes, independientes y basados en méritos.
Asimismo, persiste la impunidad que socava la confianza en el sistema de justicia, no se ha elaborado un plan de persecución penal, las fiscalías especializadas siguen sin contar con autonomía, permanece la crisis forense y se ejercen cotidianamente diversas formas de violencia estructural y discriminación sistémica en contra de los grupos más vulnerables, entre decenas de problemáticas más que parecen amontonarse.
El 2023 nos dejó muchos pendientes y superarlos este año será difícil. No queda duda que para frenar por fin esta avalancha de dolor y sangre se requieren acciones urgentes y concertadas, así como un verdadero compromiso colectivo. Sin embargo, existen destellos de esperanza, como la sentencia condenatoria dictada recientemente en contra de dos policías municipales de Ocotlán por la desaparición forzada de los hermanos Camarena. Y aunque la búsqueda sigue, y en la entidad hay miles de personas que no tienen respuestas, es un paso que brinda luz en la oscuridad. Por lo que, a pesar de las adversidades, en 2024 no dejemos de desear y luchar por un México y un Jalisco con dignidad.
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