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Sombra
En 2020 el ex coordinador general estratégico de Seguridad Macedonio Tamez públicamente ignoró la crisis forense en Jalisco. Ante la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que abordaba la situación del hallazgo de las cajas de refrigeración de los tráileres con cuerpos de personas fallecidas sin identificar, mostró su arrogancia e insensibilidad al responder que estaban “trabajando mucho como para ponernos a leer los documentos de medio kilo”.
Este septiembre se cumplen cinco años de la escalofriante noticia de los llamados tráileres de la muerte que circulaban por la ciudad de Guadalajara. Las imágenes de los cuerpos en las bolsas, amontonados en cámaras frigoríficas, generaron indignación a nivel internacional, demostrando la incapacidad de las autoridades para enfrentar la complejidad de violencia que ha prevalecido en los últimos años en Jalisco.
Desde entonces la urgencia de erradicar la crisis de inseguridad se ha intensificado, misma que también ha contribuido a agravar los desafíos en materia forense. Sin embargo, tal como lo hizo Macedonio Tamez en 2020, también de forma constante el gobernador de Jalisco ha negado la existencia de la crisis forense.
No será algo inesperado señalar que la realidad nos demuestra todo lo contrario. De las 444 personas fallecidas que se encontraban en los tráileres, reconocidas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), hasta la fecha únicamente han sido identificadas y restituidas a sus familiares 64, es decir, solamente 14 por ciento de la totalidad de los cuerpos. Tampoco se han logrado avances considerables en los procesos penales. El caso parece abandonado por la actual administración y se mantiene en total impunidad.
Para colocar un ejemplo más reciente, sólo de diciembre de 2018 a julio de 2023, de acuerdo con el Registro Estatal de Fosas, se han localizado 141 sitios de inhumación clandestina, con un total de mil 659 víctimas, de las cuales se han identificado 821 personas, evidenciando que más de 50 por ciento de las personas exhumadas en fosas no han logrado ser identificadas. Sin embargo, desde el inicio de este sexenio ha predominado la narrativa de que estas víctimas halladas en fosas son heredadas del gobierno pasado.
A cinco años de estos hechos tan lacerantes, la necesidad de volver a analizar la situación forense en todo el territorio estatal ha incitado a realizar el diagnóstico Regiones en el Abandono. Situación forense de las delegaciones del IJCF, elaborado por el colectivo Por Amor a Ellxs y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), mismo que será presentado este jueves 21 de septiembre. El diagnóstico analiza la situación de las delegaciones regionales del IJCF, busca posicionar la relevancia de los trabajos forenses a nivel regional y abonar a la construcción de políticas públicas claras, integrales y descentralizadas para la identificación de personas.
La persistencia de negar la situación ha contribuido a agudizar aún más la problemática cuyas causas van más allá de los gobiernos. Y no es sólo no reconocer la situación, sino también de manera rotunda no asumir la responsabilidad por la misma, lo que pudimos observar años atrás a partir de la negativa de realizar disculpas públicas por lo ocurrido. El miedo de que los tráileres de la muerte pudieran regresar en cualquier momento, o que sucediera otra emergencia de esta naturaleza, permanece. La resistencia a reconocer la crisis y que las autoridades están rebasadas para atenderla, no han permitido garantizar con certeza que los hechos no vuelvan a suceder.
Cinco años después seguimos atestiguando situaciones en materia forense que carecen de humanidad y atentan contra la dignidad de las personas. Incesantemente se han difundido casos sobre las entregas de cuerpos realizadas hasta años después de su llegada al Semefo. Si bien se han generado esfuerzos institucionales para responder a los desafíos en la materia, entre ellos el Centro de Identificación Humana, la crisis forense no ha disminuido, al contrario, ha mostrado sus nuevas aristas y retos.
La saturación y el rezago de las instituciones forenses sí existen y han sido notorias. Cuesta entender las razones de negarlo con tanto afán, cuando para miles de personas en Jalisco su única esperanza de que su familiar algún día regrese a casa es su expedita identificación y digna restitución.
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jl/I