El deslinde institucional

Las desapariciones de menores de edad que se han ausentado de sus casas por su propia voluntad siguen siendo desapariciones. No es algo que se deba minimizar a la ligera, como lo ha hecho el mismo gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

Esa actitud viene de una larga tradición por parte de los funcionarios estatales que se van a los extremos para minimizar una situación preocupante, porque pone en riesgo la integridad de las personas adolescentes y causa indescriptible mortificación en sus familias. Ya desde los primeros meses de implementación del protocolo de Alerta Amber, el entonces fiscal general Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco caracterizaba esas ausencias como temas familiares que debían atenderse en lo privado, rechazando así cualquier responsabilidad de las autoridades gubernamentales.

Por ejemplo, en septiembre de 2014 narraba cómo unas menores de edad se habían ido de sus casas por decisión propia e incluso acudió a Zapotiltic a hablar con los padres de familia de una preparatoria y les pidió que no generaran psicosis. En vez de atender las causas de fondo que están desde hace años propiciando que menores de edad, sin capacidad legal para tomar ese tipo de decisiones, abandonen sus casas, el gobierno les enjareta por completo toda la responsabilidad a las familias. Una postura que ha heredado con compromiso el actual gobernador, con palabras muy similares, quien desde una suficiencia moral regaña a los padres de familia por no cuidar a sus hijos.

La otra actitud de funcionarios estatales para minimizar los casos de desapariciones de personas menores de edad está representada por la fiscal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, quien reiteradamente se rehúsa a dar información alguna acerca de las investigaciones. Ante cualquier pregunta de los medios de comunicación, no solo de menores desaparecidos, sino de cualquier persona víctima de esa situación, responde casi invariablemente que la dependencia bajo su cargo ha asumido diligentemente las investigaciones de búsqueda de gabinete y de campo y que no descansarán hasta encontrarlos. Palabras vacías. Luego resulta que los funcionarios les dicen a las familias que no presenten quejas de derechos humanos porque lo que podrían estar trabajando en búsqueda de personas, lo tienen que trabajar en escritorio para responder los requerimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) o en contestar solicitudes de información.

Si bien, es cierto que se debe proteger ante todo el interés superior de la niñez, sin revelar información que pueda ponerles en riesgo, comprometer su integridad o su privacidad, también existe la necesidad de que comuniquen qué es lo que está pasando, así como datos útiles para que la sociedad pueda contribuir a localizarlos. En vez de descartar por completo que se trate de una víctima de desaparición porque se fue por su propia voluntad, como ocurrió recientemente con el caso de Paula, deberían considerar que se trata de una mujer menor de edad que está con una persona adulta, que sí es víctima de un delito porque no tiene edad para decidir irse con él y que se necesita la ayuda de la sociedad para localizarlos.

Y, en general, dedicar esfuerzos institucionales a entender por qué los adolescentes menores de edad se están ausentando de sus casas para adoptar políticas públicas que permitan prevenirlo con una visión de corto, mediano y largo plazo. No se trata de decirle a las familias que restrinjan a sus hijos, sino de darles herramientas desde las instituciones para que los menores de edad estén siempre protegidos.

Twitter: @levario_j

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