Llamar a cuentas al fiscal

Lord Acton, historiador inglés, reconoció en el siglo 19 que “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Ese es el motivo por el que la mayoría de los sistemas políticos en el planeta han evolucionado para generar contrapesos institucionales, de manera que se evite al máximo la concentración de poder.

En México también hemos hecho muchos esfuerzos por avanzar en esa dirección, y por eso hemos ido repartiendo las funciones, asignando cuotas de poder a cada parte, de manera que “el poder limite al poder”, como decía el filósofo Montesquieu.

Los contrapesos son especialmente necesarios cuando se trata de hacer una evaluación o balance de los resultados del ejercicio del poder, para evitar caer en la autocomplacencia. Y esa necesidad crece proporcionalmente con lo delicado del asunto sobre el que hay que rendir cuentas. No es lo mismo informar sobre el contrato de mantenimiento de los vehículos de una dependencia pública, que los planes para atender a las víctimas de un desastre natural.

Traigo todo esto a cuento porque el pasado fin de semana los medios de comunicación dieron cuenta de dos eventos lamentables, el asesinato de la abogada y defensora de derechos medioambientales de Tonalá, Verónica Guerrero, y del secuestro y posterior asesinato de Eduardo Salomón, un adolescente que se encontraba en su casa, cuidando a sus hermanos más pequeños, mientras sus padres estaban trabajando.

Ambos casos muestran el clima de inseguridad que prevalece en nuestro estado, en el que, si superamos la negación provocada por el miedo, no tenemos manera de sentirnos a salvo, dado que cualquier persona puede ser víctima de la delincuencia, gracias, entre otras razones, a la alta impunidad que gozan quienes cometen los delitos.

Adicionalmente, en el caso de Eduardo Salomón la fiscalía actuó de un modo totalmente inapropiado, porque una vez que localizó el cadáver de un joven que parecía ser el de él, lo dio a conocer a los medios de comunicación, sin haber informado antes a sus familiares ni darles la oportunidad de reconocer el cadáver, por lo que no puedo ni imaginarme el dolor de esa familia, que se enteró de la situación a través de algún noticiero.

Es indignante que la Fiscalía General de Jalisco no pueda seguir un protocolo mínimo que garantice el respeto a las personas que sufren las consecuencias de un delito, para evitar revictimizarlas, ahora por parte de la autoridad. Y si así actuó la dependencia en un caso con gran cobertura mediática, ¿cómo actuará en los casos que no tienen tanta atención pública?

Y si las personas desaparecidas en nuestro estado son más de 15 mil es necesario multiplicar por ese número el dolor que tantas personas están injustamente padeciendo, especialmente si no se sigue un protocolo adecuado para atender a quienes las buscan o para informarles que, desafortunadamente, se les localizó muertas.

Por esta situación, entre otras muchas, se debería llamar a rendir cuentas al fiscal, Luis Joaquín Méndez, pese a que apenas acaba de ser ratificado en el puesto, dado que él ya trabajaba en esa dependencia y ofreció dar continuidad.

Y en primera instancia, le corresponde llamarlo a la comisión legislativa de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco, que es presidida por el diputado Tomás Vázquez Vigil e integrada por Quirino Velázquez, Hugo Contreras, Fabiola Cuan, Fernando Martínez, Claudia Murguía y Enrique Velázquez. Y si no lo llaman a rendir cuentas públicamente, entonces le corresponde a la ciudadanía llamar a rendir cuentas a las siete diputadas y diputados de la comisión.

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