Los ataques a periodistas, responsabilidad con la historia

La importancia de la libertad de expresión ha constituido un tema de tensión desde el momento en que se instauró como un derecho humano que correlaciona ambientes privados y públicos; y que debido a la relevancia que adquiere el hecho de establecer un compromiso ciudadano de compartir información respecto al estado general de cosas que abarca el contexto de quienes se informan, hay dificultades serias relacionadas con los intereses creados y la relación con los ciudadanos. 

En la historia de la conformación de las sociedades democráticas, la libertad de información constituye un aspecto central y esencial en la distribución de esa forma de conocimiento que implica, definitivamente, el elemento para la toma de decisiones de los ciudadanos; esto incluye a las estructuras de gobierno que, precisamente, dentro de la perspectiva de administrar el bien y el espacio común, tienen la obligación constitucional de ofrecer las condiciones para el mantenimiento de un esquema de libre información que permita, desde una perspectiva de equidad, de libertad y justicia, el ofrecimiento de los insumos informativos que permitan al ciudadano generarse una idea del ambiente en el que vive, para una intervención social debidamente informada. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”. El Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que constituye el soporte de la CIDH, señala que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

La escalada de violencia contra periodistas en nuestro país constituye un grave y profundo problema en el sostenimiento de la democracia, porque los efectos de impunidad que se correlacionan respecto de la violencia contra periodistas vulneran, en primera instancia, el derecho social de estar informado, y con ello, la sociedad disminuye la cantidad y calidad de información necesaria para el entendimiento y participación de su realidad. Por otra parte, se genera un efecto multiplicador de reducción de la información y eventualmente un desarrollo inquietante de autocensura, que provoca que no se tenga un juicio sobre nuestro contexto, al carecer de insumos para conocerlo y comprenderlo, provocando una disminución de condiciones necesarias para el desarrollo de una democracia de calidad. 

En este 2022, el número de periodistas asesinados ha llegado a nueve. En 2020 y 2021 el número total fue de siete, respectivamente; en este momento hemos rebasado el nivel cuantitativo de esos años. Human Rights Watch señala que “este año va en camino a convertirse en el más letal de la historia para los periodistas en México”. En tanto que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, planteó el reconocimiento de que no se ha logrado frenar la violencia contra la prensa y menos revertirla. 

La estigmatización del trabajo periodístico, la aparición de diversos actores involucrados en un interés por mantener un bajo nivel de información u ocultamiento franco de esta, un altísimo nivel de impunidad respecto a las carpetas de investigación en este rubro, hacen que, desde todas las perspectivas de observación, incluyendo al propio gobierno, se plantee la necesidad de actuar, y de no hacerlo, definitivamente asumir la responsabilidad histórica que este complejo fenómeno representa. 

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