¡Fue el Estado!

Lo sabíamos, pero lo negaron por casi ocho años. Los días 26 y 27 de septiembre de 2014 es otra de las muchas fechas aciagas de nuestra historia; fue cuando una acción criminal coordinada entre diversas fuerzas represivas del Estado, de manera particularmente violenta, cambiaron radicalmente la vida de muchas personas. Primero, la de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron detenidos y luego desaparecidos, e inmediatamente después la de sus madres, padres, hermanos, hermanas y demás familiares, vecinos y conocidos. Desde entonces, sus madres y padres, algunos de ellos a costa de su vida, no han dejado de buscarlos un solo día y, a través de diversas acciones por todo el país y más allá, denunciando en múltiples medios, portando siempre sus fotos, han mantenido la denuncia y la exigencia de justicia por la inexplicable desaparición de sus hijos.

Como es común en México, luego de cometer el delito, quienes lo hicieron y quienes lo urdieron, en una perversa complicidad, cobijada por la impunidad que les otorga el sistema, no solo negaron su crimen, sino que, haciendo uso de todas las instituciones que presumen de administrar y procurar la justicia, construyeron todo un complejo andamiaje con el objetivo de hacer imposible el conocimiento de la verdad.

A todo ello le llamaron la “verdad histórica”. Verdad que solo ellos creyeron, pero con ella pretendieron cancelar toda posibilidad para que las exigencias de justica de los familiares tuvieran alguna posibilidad. Su desprecio al dolor, angustia y desesperación de los familiares fue total, igual que han hecho con la de todos los familiares de los más de 100 mil desaparecidos que hay en México.

Sin embargo, ese desprecio, y la red sistémica y siniestra de complicidades no fue suficiente para quebrar y vencer la voluntad y fuerza moral de las madres y padres de los estudiantes normalistas. Al más puro estilo del sistema político corrupto, intentaron comprar su dignidad y dividirlos. No lo lograron. Se han mantenido unidos y fuertes, aunque algunos de ellos como Saúl Bruno Rosario, Bernardo Campos Cantor, Minerva Bello Guerrero y Tomás Ramírez Jiménez, afectados en su salud por los efectos de la desaparición y la pandemia fallecieron sin dejar de buscar a sus hijos. Otra injustica más.

Por la manera en que sucedió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en aquel fatídico septiembre, los estudiantes sobrevivientes y luego las madres y padres haciendo uso de su sentido común, lo dijeron claramente y lo han sostenido hasta la fecha: ¡Fue el Estado!

Visto así, el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso de Ayotzinapa hecho público la semana pasada confirma aquellas afirmación temprana y negada sistemáticamente. El Informe de la Comisión ahora documenta y describe con detalle la forma fría y perversa como se confabularon el Ejército, la Marina, Policía Federal y las policías municipales con la delincuencia organizada para cometer este crimen de Estado.

Las madres y los padres de los estudiantes escucharon el informe con estupor y cierto desencanto. Reconocer el crimen y aplicar la ley a los criminales es importante, dijeron días después, pero su desencanto reside en que el Informe nada dice respecto de su pregunta principal: ¿dónde están sus hijos? Por lo tanto, ellos, al igual que miles más, seguirán en su búsqueda. Tienen toda la razón. Además, las indagaciones hasta donde van tampoco dicen nada que permita aclarar, o de menos tener una idea de las razones de este crimen de Estado: ¿por qué lo hicieron?, ¿por qué ensañarse así con los estudiantes?

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