De Calderón, García Luna y Ayotzinapa

El juicio en Nueva York contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna ha permitido asomarse a las cañerías del sistema político mexicano y la poderosa corporación de seguridad federal en los pasados sexenios. Si nos atenemos a la fiabilidad de los testimonios, se trató de una institución al servicio de grupos delictivos, con funcionarios bajo las órdenes de quienes encabezan asociaciones criminales que han envuelto al país en la violencia. De 2006 a 2012 García Luna estuvo al frente de la secretaría, en el sexenio del entonces panista Felipe Calderón, quien ayer fue implicado dando línea a favor del Cártel de Sinaloa. No es posible creerle que no estaba enterado de las corruptelas y atrocidades de su brazo derecho en el gabinete, y menos ahora que lo involucró un testigo como protector de Joaquín El Chapo Guzmán.

La sola revelación de cómo operaba la introducción de cargamentos de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México muestra a las corporaciones metidas hasta el cuello en diversos delitos. Incluso, de acuerdo con los testimonios ante la corte estadounidense, los capos demostraron su poder al secuestrar al propio García Luna, en una de las muchas historias tétricas entre funcionarios y miembros de cárteles que incluyen crímenes, sobornos y protecciones.

Lo que se reveló como pagos a medios informativos y periodistas, el desvío de recursos a campañas electorales y un alud de información debe indagarse en México. ¿El INE ya estará investigando?

García Luna dejó el cargo el 30 de noviembre de 2012. A 22 meses de esa fecha ocurrió la desaparición forzada en septiembre de 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, cuando viajaban en autobuses a la Ciudad de México. Los asesinatos de los futuros profesores y la posterior desaparición evidenciaron, otra vez, la colusión entre delincuentes y policías, a lo que se sumó la acusación de que también participaron militares en la desaparición masiva.

De nuevo, en otro sexenio, ahora el de Enrique Peña Nieto, quedó al descubierto cómo las redes criminales incluyen a elementos de todas las fuerzas de seguridad. Se trata de vínculos fuertes que han entorpecido las investigaciones de Ayotzinapa, a tal grado que en el actual sexenio es hora que se desconoce el paradero de la mayoría de los jóvenes y la justicia sigue sin llegar, ante el dolor de los familiares que han exigido en todos los tonos posibles conocer la verdad.

Ambos hechos, el juicio a García Luna y la desaparición de los 43 normalistas tienen que analizarse también en una línea del tiempo que hasta ahora continúa y exhibe lo podrido del sistema político y el de seguridad. Desde Nueva York, el mensaje es que la alianza criminal en México abarca a políticos del más alto nivel, delincuentes, instituciones de seguridad, empresarios y medios informativos. Una auténtica bomba.

Heredera de la Procuraduría General de la República, también señalada por el involucramiento de funcionarios en las complicidades con grupos delictivos y en la invención de la llamada verdad histórica de Ayotzinapa, los hechos no dejan bien parada a su sucesora, la Fiscalía General de la República y su criticada actuación. Continúan los asesinatos con crueldad y la ineficiencia de la fiscalía es patente. De nuevo tendrá que concluir el sexenio para que posiblemente brote parte de la bazofia, se conozcan más casos o bien que autoridades de Estados Unidos salgan a hacer lo que en México debió hacerse, que es llevar ante la justicia a quienes se burlan de leyes e instituciones.

Tras lo de Calderón, García Luna y Ayotzinapa, cualquier ciudadano puede preguntarse, ¿en manos de quiénes ha estado la seguridad del país y la de las familias?, ¿cómo es que las instituciones que debieran ser garantes de derechos son las que los violan con impunidad?

Los ciudadanos estamos indefensos ante la criminalidad incrustada en el Estado mexicano.

Twitter: @SergioRenedDios

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