Información y las fosas clandestinas

La información completa, ordenada, precisa, de acceso fácil, pública, obligatoria para las dependencias, que respete lo que pudiera afectar negativamente a familias o víctimas, y evite dañar investigaciones en curso, es vital en la búsqueda de las personas desaparecidas. Sin embargo, por sus deficiencias e irregularidades, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) ha sido atinadamente cuestionado por colectivos y académicos. Hay mucho por corregir, de tal manera que sea mejor el registro estatal en curso que sustituirá al Sisovid, si en verdad se desea tener una base con datos de calidad.

El otro registro importante que requiere pulirse, ampliarse, detallarse, profundizar es el de Sitios de Inhumación Clandestina en Jalisco, a cargo de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD). Le falta información. En su sitio web lo que ofrece abarca de diciembre de 2018 a febrero de 2023, lo que va de la actual administración, y que actualiza cada mes en los campos: denominación, fechas de inicio y fin de procesamiento, y los totales preliminares de víctimas localizadas e identificadas, y de hombres y mujeres identificadas. Lo que sucedió en anteriores administraciones debiera añadirse.

Un dato fundamental que requiere aclararse en esa base de datos es quién descubrió cada fosa clandestina. La FEPD se adjudica en las gráficas el descubrimiento de las tumbas ilegales, lo cual es falso. Antes de que llegue personal de la fiscalía o del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en diversos casos arriban primero colectivos de familias con desaparecidos, acompañados en ocasiones de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP). Ellas, las madres, hermanas e hijas, sobre todo, son a quienes se les debe respetar, reconocer y apoyar su trabajo. Pero la base de datos de la FEPD les arrebata el mérito.

Colectivos como Madres Buscadoras de Sonora y Luz de Esperanza, sin ser los únicos, han localizado decenas de sitios con cuerpos o restos. Que las autoridades escamoteen lo que colectivos y familias hacen con muchos sacrificios y riesgos es indigno. Además, como han señalado, no se les informa sobre qué sucedió luego con los restos.

Que la FEPD precise quiénes descubren las fosas o sitios al margen de la ley sería un indicador de la eficiencia de la propia dependencia, incluida la CEBP. Con equipo rudimentario, sin apoyos económicos, con la confianza de los denunciantes anónimos, los colectivos han sido claves para ubicar puntos de inhumación ilegal en Jalisco.

¿Cuáles son las edades de las víctimas identificadas? ¿Y la edad aproximada de las que están sin identificar? Ambos datos deberían ser públicos, pues ayudarían a las familias con desaparecidos. ¿En qué lugar se les localizó? ¿Una finca abandonada, terreno baldío, pozo artesano, casa rentada, bosque, barranco, negocio o dónde? ¿Cuánto tiempo de búsqueda y localización han destinado en esos lugares? Esto, dado que la FEPD y peritos se van de un lugar, y las familias luego hallan ahí más cuerpos o restos. ¿Qué herramienta o maquinaria se pudo utilizar para excavar? ¿Qué cuarteles o bases de fuerzas de seguridad son las más cercanas y que ni se percataron? ¿En qué zonas empieza a notarse un incremento de apertura de tumbas? La información, incluida la de contexto, respalda las estrategias.

Hay más preguntas. Algunas respuestas podrían ser públicas. Es fundamental que los colectivos, familias y expertos sean consultados. Con su apoyo, la FEPD podrá avanzar en la localización, exhumación, procesamiento de las fosas y captura de los responsables.

La Fiscalía del Estado es sujeto obligado en materia de transparencia. ¿Por qué no legislar para ampliar y detallar qué información de calidad se necesita de los sitios de inhumación? ¿En qué puede respaldar el Instituto de Transparencia (Itei) para mejorar estas bases de datos?

Twitter: @SergioRenedDios

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