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Las reglas
Jalisco es una de las entidades federativas con más alto nivel de desarrollo social, pero entre la pandemia y la postpandemia se ubicó entre los cuatro estados del país que sumaron más ciudadanos a la condición de pobreza. Uno de los aspectos críticos es que casi millón y medio de personas sin trabajo formal no tienen acceso a servicios de salud y que la mala calidad de otros servicios como agua, recolección de basura, movilidad, educación y seguridad obliga a aumentar el gasto familiar para compensarlo con servicios privados.
Lo anterior son parte de las conclusiones a las que llega la experta en medición del impacto de políticas públicas y maestra en política y gestión pública, Carolina Toro Morales, en su artículo Pobreza a la luz de la tendencia global, nacional y estatal, incluido en el libro Jalisco a medio camino 2018-2022, publicado recientemente por la Universidad de Guadalajara (UdeG).
La especialista expone que si un jalisciense usa transporte público, pero este no lo lleva directamente a sus destinos, debe resolverlo con servicios privados como taxis, mototaxis o autos de plataforma; si el agua que recibe en su casa no es de calidad para beber, debe invertir al menos el equivalente de lo que paga por el servicio en agua embotellada; si los servicios públicos escolares no enseñan lengua extranjera o son deficientes en la transmisión de conocimientos sobre matemáticas o lengua, debe pagar a maestros privados o academias; si surge una enfermedad grave, será indispensable acudir a la medicina privada… o esperar a una cita que puede prolongarse por meses con riesgo de la vida.
Sobre ese rubro, el de la salud, señala pendientes de la política social federal en Jalisco, pues más de un millón 350 mil personas manifiestan haber salido de la cobertura del Seguro Popular. Además, por no estar vinculadas a un puesto formal laboral, en Jalisco casi 1.5 millones de personas no tienen acceso a la salud y, en contraste, “ha crecido la población con seguro de gastos médicos privados, que afecta el bolsillo de los jaliscienses”.
En el artículo se advierte también que, según los datos de la última medición de la pobreza disponible, hubo un crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema en el estado de Jalisco entre 2018 y 2020.
El porcentaje de personas en pobreza pasó de 27.8 por ciento a 31.4, lo que significa una población de 347 mil nuevos pobres en dos años. La pobreza extrema creció 3 por ciento, lo que equivale 62 mil 700 personas más en Jalisco.
“Si vemos a detalle lo que sucedió con los indicadores de la pobreza, podemos interpretar que, pese a que la mayoría de las carencias sociales disminuyeron (rezago educativo, seguridad social, carencia de servicios básicos, carencia de calidad y espacios de la vivienda e inseguridad alimentaria), esta disminución no fue suficiente para contrarrestar el deterioro en la calidad de vida producido por dos factores: primero, el aumento de la carencia de acceso a servicios de salud y el aumento de la población cuyos ingresos no superaron las líneas de pobreza. En otras palabras, en Jalisco, la pobreza aumentó principalmente por el deterioro de la salud y el deterioro de los ingresos de la población”, explica la también ex funcionaria de la administración 2013-2018.
Parte de la explicación es que el desempeño del estado en las capacidades de gestión mostradas para llevar a cabo “una política de desarrollo social efectiva y basada en evidencia”.
“En 2016, Jalisco fue el estado con mejores capacidades en todo el país y en 2020 cayó al séptimo lugar nacional con una calificación de 71.81 puntos (…) según el reporte 2020 para Jalisco, las dimensiones que más han retrocedido entre el 2018 y el 2020 son la dimensión de gestión eficiente, de desarrollo social abierto y participación ciudadana y la de dimensión de monitoreo y evaluación. Es decir, en tres de cuatro dimensiones, Jalisco disminuyó sus capacidades de gestión para las políticas públicas que atienden la pobreza, entre otros temas del desarrollo social”.
jl/I