Rechazan protocolo; van por un amparo

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco promoverá un juicio de amparo en contra del protocolo publicado por el gobierno del estado para el proceso de búsqueda de sitios de inhumación clandestina cuando su ubicación sea informada de manera anónima, pues considera que implica más obstáculos para la búsqueda.

Ayer NTR publicó que el documento, llamado Protocolo para la Actuación ante la Recepción de Reportes y Denuncias Anónimas Relacionadas con la Desaparición de Personas y Restricciones de Contexto, deja la responsabilidad de revisar y corroborar riesgos existentes a las Policías municipales, cuyos elementos fungen como primeros respondientes.

En entrevista, la lideresa del colectivo, Indira Navarro Lugo, explicó que cuando hay un hallazgo de una fosa clandestina se llama al 911, por lo que los primeros respondientes son los policías municipales; sin embargo, en todos los casos éstos les aclaran que no pueden actuar hasta que llegue el Ministerio Público. Por ello, consideró que es ilógico que se les dé la responsabilidad de evaluar los riesgos, ya que ni siquiera quieren acompañar a los colectivos.

La buscadora señaló además que antes de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el proyecto de protocolo fue enviado al colectivo por WhatsApp para que lo revisara e hiciera propuestas; sin embargo, el documento finalmente publicado “está muy lejos de lo que nos habían propuesto, porque al final mostraron un protocolo que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto”.

En el caso de Madres Buscadoras de Jalisco, 95 por ciento de los sitios a los que acude a buscar tiene su origen en llamadas anónimas y, de ellos, 85 por ciento ha arrojado positivos, por lo que Navarro Lugo sostuvo que el protocolo es un paso atrás.

El documento también establece restricciones a las transmisiones en vivo de colectivos, lo que fue rechazado por la buscadora y considerado como un acto de la autoridad para inhibir las búsquedas. Aclaró que el colectivo que encabeza las hace por razones de seguridad y para que las familias tengan información sobre los hallazgos, sin que necesariamente estén en el sitio.

Además, sostuvo que los colectivos hacen el trabajo de las autoridades, pues son quienes hallan las fosas y rescatan los cuerpos; sin embargo, luego no hay seguimiento para integrar las investigaciones, a lo que se suman los atrasos en las confrontas y pruebas de ADN.

Indira Navarro afirmó que después de las explosiones que se registraron en Tlajomulco de Zúñiga el 11 de julio pasado, las cuales motivaron la creación del protocolo, se han complicado más los trabajos de búsqueda. Para empezar, después del atentado en la integración de carpetas sobre fosas no se permite señalar que se llegó a ellas por llamadas anónimas.

“A ellos les conviene que nosotros no sigamos localizando fosas, no sigamos exhibiéndoles y buscan cualquier pretexto de dónde agarrarse para querer pararnos”; sin embargo, advirtió, no detendrán las búsquedas.

PROTOCOLO “NO DICE NADA”

El consultor especializado en fuerza pública y derechos humanos Daniel Gómez Tagle consideró que diseñar protocolos como el referido sí es necesario, pues el riesgo es real y porque “el crimen organizado está haciendo más labor de inteligencia que el Estado, no solo en Jalisco, sino en todo el país”.

El problema, afirmó, es que “el protocolo no dice nada”, pues la evaluación de riesgos la deben hacer los policías siempre que hay un delito; sin embargo, aceptó que ante los hechos registrados en Tlajomulco quienes tendrían que hacer evaluaciones de peligros son los elementos capacitados en explosivos y “no los policías como primeros respondientes”.

“Cuando dejan fuera esta parte de los recursos disponibles especializados en el riesgo real que ya vivimos, el protocolo está escrito sólo para responder ante los escenarios políticos y ante una realidad, que es que el crimen está participando más allá de lo que nos pueden reconocer públicamente. Desde ese sentido yo veo al protocolo muy flojo, porque además colocas a los policías en un riesgo innecesario”.

Finalmente, Gómez Tagle dijo que los policías municipales no están capacitados para evaluar los riesgos, ni siquiera los que ellos mismos corren. La prueba, recordó, es que en el gobierno de Enrique Alfaro han asesinado 210 policías, de los cuales 83 eran municipales o estatales y de éstos, tres fueron ultimados con su propia arma.

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