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Arrepentido
Haciendo el oso
Ayer, el Consejo de Rectorías de la Universidad de Guadalajara (UdeG) publicó un desplegado en el que señala que defenderán la autonomía de la casa de estudios luego de que el gobernador Pablo Lemus Navarro pidiera que 200 millones de pesos (mdp) del presupuesto de la casa de estudios se asignaran a obra pública para seguridad. En respuesta, el mandatario estatal dijo que no busca conflicto, sino diálogo.
A través de sus redes sociales, el Ejecutivo estatal señaló que la idea de pedir a la UdeG que destine esos recursos para temas de seguridad en los entornos inmediatos a las instalaciones universitarias es en el sentido de una acción de corresponsabilidad.
“Mi propuesta pretende articular un eslabón más para la seguridad de los estudiantes, evitar robos de celulares o de sus pertenencias, pero principalmente, erradicar el terrible problema de desaparición de jóvenes universitarios que los propios catedráticos de la UdeG y la FEU han señalado”.
Insistió en que no busca una nueva confrontación, porque “si algo afectó al desarrollo de la Universidad de Guadalajara y de las y los jóvenes universitarios fue el conflicto que durante seis años se vivió entre el Ejecutivo estatal y nuestra máxima casa de estudios”, esto en referencia a la relación vivida durante la mitad del sexenio encabezado por Enrique Alfaro Ramírez y la rectoría de Ricardo Villanueva Lomelí.
Asimismo, dijo que espera que la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, acepte sumarse a la mesa de trabajo con colectivos de búsqueda y ahí pueda abordarse la problemática de estudiantes desaparecidos.
Por último, refirió sentirse extrañado por lo que consideró una sobrerreacción de parte de la UdeG y pidió no “amarrar navajas”, así como estar en contra de que esto detone en un nuevo conflicto de cúpulas.
Ayer mismo la rectora estuvo en Casa Jalisco para la firma de un convenio con el gobierno del estado y otras instituciones educativas. Al final del evento habló con medios de comunicación y coincidió con el mandatario en la pertinencia del diálogo, pero sí precisó que la UdeG no puede destinar presupuesto para acciones de obra pública fuera de terrenos universitarios, porque, de hacerlo, incurriría en desvío de recursos.
“Por ley, tenemos que construir en terrenos de la Universidad; si hacemos algo fuera estamos desviando recursos. Aunado a ello, las calles, la pavimentación, todo esto, son las calles, no nos corresponde a la Universidad de Guadalajara. A la UdeG nos corresponde formar, generar investigación, extensión, poner el conocimiento al servicio de la comunidad, de los tomadores de decisiones y nosotros cuidamos todos los días a nuestra población estudiantil”.
Planter Pérez reafirmó que la UdeG destinó en este año 220 millones de pesos para acciones de prevención y seguridad de las y los estudiantes dentro de los planteles, pero invertir en las calles, insistió, está fuera de su competencia.
Concluyó al afirmar que no considera que el Consejo de Rectorías sobrerreaccionó, como acusó el gobernador, dado que se trata de defender la autonomía universitaria.
El conflicto el sexenio pasado entre la UdeG y el gobierno estatal, encabezados por Enrique Alfaro Ramírez y Ricardo Villanueva Lomelí, respectivamente, comenzó en agosto de 2021, cuando el mandatario realizó un recorte de 140 millones de pesos al presupuesto universitario, destinados inicialmente al Museo de Ciencias Ambientales (MCA) y reasignados a la construcción del Hospital Civil de Tonalá.
Este hecho trajo marchas y protestas de la comunidad universitaria a las puertas de Casa Jalisco para la devolución de los recursos.
A finales de 2022, rumbo a la Feria Internacional del Libro (FIL), Alfaro Ramírez acusó: “La FIL no puede seguir secuestrada por un mafioso disfrazado de promotor cultural. Así de sencillo. Queremos a la FIL, pero queremos una FIL libre de caciques y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para lograrlo”, esto en referencia a Raúl Padilla López.
Después, a mediados de abril de 2023, tan solo unas semanas después de la muerte de Padilla López, el conflicto empezó a distenderse con una reunión en Casa Jalisco entre Alfaro Ramírez, Villanueva Lomelí y el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Casi un año después, a principios de 2024, el mandatario firmó un decreto que permitiría a la UdeG acceder a un presupuesto constitucional a partir de 2025, con lo que se zanjó el conflicto de su administración con la casa de estudios. Redacción
jl/I