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El abogado de Ovidio
Las preguntas son pertinentes. ¿Qué es lo que pasó para detonar nuevas hostilidades entre Leones y Naranjas? ¿A qué se debe que a poco tiempo de haber normalizado la relación entre gobierno del estado y mandos de la UdeG surjan nuevas diferencias? ¿Suena lógico echar a perder una relación productiva para ambas partes sin provocación alguna?
Resulta por lo menos extraña la situación en que algo positivo salte de la interpretación sesgada de declaraciones a la publicación de desplegados acusatorios. ¿De quién es la mano que mece la cuna? ¿Quién sale ganando con ese pleito? Tal vez, sólo tal vez, alguien está intentando prematuramente construir una candidatura.
En otro escenario diferente de tensión, también de la UdeG, nos preguntamos: ¿será posible que los Leones Negros regresen a la Primera División? Por lo pronto se están moviendo para concretarlo al declararle la guerra a la Femexfut, al ser uno de los diez equipos que denunciaron al organismo, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pidiendo que vuelva al ascenso y descenso inmediatamente. Estando en el limbo de la Liga de Expansión, la UdeG busca tener eco en su intención de volver al máximo circuito.
La universidad, pues, busca un lugar en la Liga MX. Se espera una férrea lucha en las próximas semanas contra el monstruo de la FMF, con varios capítulos en ciernes. Esto se pondrá bueno. ¿Quién ganará?
Los diputados María Candelaria Ochoa Ávalos, Miguel de la Rosa Figueroa y Alejandro Barragán Sánchez proponen realizar una auditoría externa e independiente a toooooodas las inversiones que ha hecho el Instituto de Pensiones del Estado, de tres administraciones anteriores a la fecha. Piden que la revisión se haga con enfoque financiero, jurídico y de anticorrupción, para determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes. ¡Qué no encontraría una auditoría seria!
¿Cuántos profes y profas apoyarían los piensos de la diputada Brenda Guadalupe Carrera García? Y nos referimos a la iniciativa que promueve la legisladora local para reformar el artículo 61 de la Ley de Educación. Su objetivo es prohibir el uso de celulares dentro de los horarios de clase en los planteles de educación básica.
La intención es que las y los alumnos que cursan, ya sea preescolar, primaria o secundaria, aprovechen las horas de clase, el aprendizaje y conocimientos, sin que el uso del celular limite su desarrollo y adaptación a los ámbitos educativo, cultural y social. Aseguramos que tendría amplio apoyo del magisterio… y rechazo de los chiquillos y chiquillas a los que sus padres les compraron un celular…
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