Quinto Patio

Entre las respuestas de los sujetos obligados (dícese de las dependencias de gobierno y las organizaciones privadas que reciben dinero o recursos públicos, como señala el agonizante Itei) para mantener la opacidad están que no tienen la información solicitada, que es un tema de seguridad nacional o que existe una investigación en curso, entre otros argumentos que dan para elaborar un Diccionario de la Opacidad en Jalisco o en México. Lo decimos porque el Siapa oculta la información que se relacione con la presunta contratación irregular de la ex conductora de TV Elizabeth Margarita Castro Cárdenas, que justifica porque investigan el caso la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Órgano de Control Interno.

Lo que se solicitó vía la ley de transparencia fue conocer las condiciones de ingreso, funciones, ubicación y desempeño de la ex empleada con un envidiable sueldo mensual de 73 mil pesos. Pero para el Siapa se trata de información reservada, con el socorrido argumento referido que valida que se sustraigan de la mirada de la ciudadanía datos de simples preguntas y no se rindan cuentas sobre la contratación o, en el mejor pronóstico, que se tarden años en proporcionarlos. Como si fueran secreto de Estado.

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A propósito del caso de Eli Castro, como también se le llama en redes sociales, las diputadas Mariana Casillas Guerrero y Valeria Ávila Gutiérrez plantearon propuestas que buscan establecer requisitos técnicos obligatorios, perfiles acreditados y especializados, para quien encabece el Siapa y otros organismos operadores de agua, y excluir a personas con conflictos de interés.

Si se extendiera contar con perfiles adecuados en las dependencias municipales, estatales y federales, ¿a cuántos habría que quitarlos del organigrama?

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Cuando sucede un hecho criminal que circula profusamente en medios informativos y en redes sociales, que genere protestas e irritación social, y circulen evidencias con imágenes y videos, para las autoridades es un asunto de “alto impacto” que puede tener, también, consecuencias políticas. De ahí que actúen ipso facto. Es el caso del asesinato de la joven Karla, luego de que con rapidez detuvieran al presunto responsable. Bien por la velocidad de la Fiscalía del Estado.

Lo cuestionable es que existe una laaaaarga lista de otros asuntos atorados, con pesquisas malhechas y desatinos diversos de la Fiscalía, tanto en otros feminicidios y, por ejemplo, en las desapariciones, como han denunciado colectivos y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ahí tiene tache.

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A propósito de los feminicidios, la organización Causa en Común publicó en su informe sobre atrocidades del primer semestre de 2025 que se han registrado 144 en la entidad, un promedio de seis por semana. Lo que deja estupefacto es que Jalisco ocupa, con Michoacán, el segundo lugar nacional, con 20 asesinatos de mujeres cometidos con crueldad extrema. ¿Alguien se acuerda de las alertas en Jalisco por violencia de género? 

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¿Cómo está eso de que por la ausencia de los y las ediles de Zapopan no se realizó la sesión de cabildo programada para autorizar la entrega de 10 mdp para apoyar a familias de la colonia La Martinica afectadas por las lluvias el 15 de julio? ¿Tenían asuntos más importantes los regidores? ¿Les cae?

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