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Reconocen insuficiencia en atención a desapariciones

CRISIS. La problemática es estructural y excede las capacidades de cualquier gobierno, según Alarcón Estrada.  (Foto: Especial)

Aunque defendió la inclusión y tratamiento del tema de la desaparición en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2025, el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, reconoció que las acciones emprendidas por el gobierno de Jalisco han resultado insuficientes para atender la crisis que enfrenta la entidad.

Durante la rueda de prensa de la Coordinación Estatal de Seguridad, el funcionario admitió que persiste un rezago en materia pericial pese a la contratación de personal especializado y la creación de nuevas instituciones para reforzar la atención.

“Tenemos más de 15 mil personas desaparecidas, se está trabajando, se van a contratar más peritos, se necesita mayor trabajo pericial, ha sido insuficiente”, reconoció Alarcón Estrada. 

Entre las medidas recientes impulsadas por el Ejecutivo estatal resaltó la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP), así como las labores de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas (VPD); no obstante, señaló que tres de los cuatro cementerios forenses habilitados —incluido el ubicado en Atotonilco— ya presentan signos de saturación.

En respuesta a las críticas emitidas por el Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) al tratamiento de la problemática de las desapariciones en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2025, el coordinador rechazó que el tema esté ausente en el documento. 

“Si estiman que no está plasmado, es porque no lo han leído bien”, puntualizó. 

Asimismo, destacó que el Ejecutivo ya entregó al Congreso local un informe detallado sobre las acciones emprendidas durante la actual administración para enfrentar la problemática.

Alarcón Estrada reconoció que se trata de una situación estructural que excede las capacidades de cualquier nivel de gobierno, por lo que reiteró la disposición del Estado para colaborar con organizaciones civiles, instituciones académicas y autoridades federales o municipales.

jl/I