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Se las quitaron
Desinterés
Con 32 votos a favor, el Congreso de Jalisco aprobó un exhorto al Congreso de la Unión para que reforme la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas con el objetivo de tipificar como delito grave el reclutamiento forzado y no forzado por parte del crimen organizado, y le establezca penas de hasta 50 años de prisión.
La iniciativa sugerida modifica los artículos 4 y 10, y adiciona el artículo 31 Bis. La reforma define como reclutamiento forzado a la incorporación de personas mediante violencia, amenazas, privación de la libertad o maltrato.
En cuanto al reclutamiento no forzado, indica que se da a través del engaño, promesas falsas de empleo o manipulación emocional, especialmente hacia personas jóvenes o en condiciones de vulnerabilidad.
En ambos casos, cuando las víctimas sean menores de edad, las penas aumentarían a la mitad.
La propuesta responde a una crisis humanitaria reconocida por organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los cuales han alertado sobre el uso creciente de niñas, niños y adolescentes en actividades criminales. Solo en México se estima que más de 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos, mientras que en entidades como Jalisco el problema es crítico, pues entre 2018 y 2025 se han registrado más de 7 mil desapariciones de personas entre los 5 y 19 años, según la reforma.
Las y los legisladores coincidieron en que el reclutamiento por parte del crimen organizado es una forma de trata de personas y que el Estado debe garantizar que quienes han sido víctimas de estas prácticas sean reconocidas como tales, no criminalizadas.
jl/I
